“La Fiscalía debe investigar el origen de los recursos”: minjusticia se pronuncia sobre escándalo en cárcel de Itagüí

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló con Noticias RCN sobre el reciente escándalo por una parranda que se celebró sin autorización en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

El tema salió a la luz gracias a unos videos publicados por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien además denunció que el evento habría sido pagado por peligrosos cabecillas criminales de la Oficina de Envigado.

Justo después de que se destapara el escándalo, la mesa de negociaciones de paz urbana de Medellín suspendió los diálogos con estos criminales.

¿Se debería acabar el Inpec?

Al respecto, el ministro Cuervo rechazó lo sucedido y reiteró que ya fueron tomadas medidas correctivas en contra de los funcionarios del Inpec que habrían permitido la realización de la fiesta.

Además, reiteró que la suspensión de negociaciones con los 23 criminales que hacen parte de la mesa de paz urbana se dio precisamente para poder conocer y determinar las responsabilidades.

El jefe de la cartera se refirió a demás a la presunta complicidad de guardias del Inpec y añadió que es necesario mejorar el sistema de control penitenciario, pues los casos en las cárceles hacen parte de una problemática estructural que facilita que los privados de la libertad gocen de beneficios por debajo de cuerda y que, incluso, se ingresen elementos prohibidos a los penales.

Al Inpec hay que fortalecerlo, mejorar los procesos disciplinarios, la transparencia y la trazabilidad de los ingresos que son problemáticos.

“Hacer una parranda en una cárcel no es delito”

De otro lado, el ministro agregó que “hacer una parranda en una cárcel, así sea violando los protocolos, no constituye un delito, puede constituir una falta disciplinaria para los internos que la organizan y para el personal penitenciario que lo permitió”.

No obstante, insistió en que es de suma importancia investigar el origen de los recursos con que se habría pagado este evento.

Al parecer, un intermediario habría servido para contratar al artista vallenato y los demás servicios que hicieron parte de la fiesta, por lo que, según el funcionario, sería necesario determinar el origen del dinero antes de determinar responsabilidades penales.

La realización de un concierto per se no constituye un delito.

Sobre la vinculación del artista, Cuervo fue enfático en que la Fiscalía debe investigar de dónde salió el dinero con que se le pagó y quién lo recibió, para poder determinar responsabilidades sobre el intermediario o el representante del cantante.

Finalmente, el ministro señaló que quienes se prestaron parra que se pudiera realizar el evento deben ser investigados y sancionados.