Minsalud pide al Consejo de Estado revocar decisión que frenó el traslado de pacientes a la Nueva EPS

A través de un recurso de súplica, el Ministerio de Salud pidió al Consejo de Estado que revoque la suspensión del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026 que ordenaba el traslado de más de 2,6 millones de pacientes a la Nueva EPS.

Según el documento, la medida tomada por el tribunal, en atención a una demanda impuesta por la congresista Katherine Miranda, “produce un efecto devastador” sobre las poblaciones de las zonas apartadas del país, quienes quedarían “expuestas a vacíos operativos que la medida cautelar genera”.

El Ministerio de Salud también calificó la suspensión de innecesaria y desproporcionada, pues “paraliza el conjunto de reglas que se definieron para corregir fallas estructurales del mercado de aseguramiento, garantizar la continuidad del servicio en zonas dispersas y de baja densidad poblacional, y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema”.

El argumento principal del Ministerio es que la suspensión del Consejo de Estado impide a los usuarios que viven en zonas apartadas acceder a garantías de continuidad y cobertura en salud.

¿Por qué en Consejo de Estado suspendió el traslado?

La decisión del Consejo de Estado se conoció el pasado 6 de mayo, luego de que la congresista del Partido Verde demandara el decreto del Gobierno argumentando que la intervenida Nueva EPS no tenía la capacidad financiera para atender a nuevos pacientes.

“La Nueva EPS ha presentado serias dificultades en la garantía de la prestación de servicios, situación que se refleja en los recientes fallecimientos asociados a presuntas fallas en el suministro oportuno de medicamentos”, indicó Miranda en su momento.

Un mes antes, el Tribunal de Antioquia ya había ordenado frenar el traslado de más de 6 millones de pacientes a la Nueva y a otras EPS.

¿Qué buscaba el decreto del Gobierno?

El Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026 ordena el traslado de casi tres millones de pacientes a la intervenida Nueva EPS, y varios más a otras entidades prestadoras de salud.

Dicha directriz buscaba establecer el aseguramiento de los afiliados con un enfoque territorial, obligando a las EPS a reorganizarse según el número de afiliados con el que cuenten en cada departamento.

Aunque la medida debía implementarse en un plazo de tres meses, organizaciones de pacientes y varios sectores se pronunciaron exigiendo poner freno a las acciones del gobierno debido a la creciente crisis que atraviesa el sistema de salud.