¿Narcotraficantes dejarían sus fortunas para reconciliarse con el Gobierno? Esto dicen expertos

El presidente Gustavo Petro nuevamente agitó la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso con el anuncio del proyecto que viene organizando el Ejecutivo denominado reconciliación nacional y que busca entregar oportunidades legales a narcotraficantes.

“Se hará una ley de la reconciliación nacional, para que todos aquellos que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al humilde”, afirmó Petro en su discurso.

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Sin embargo, Petro aseguró que deberán dejar de traficar: “Este Gobierno va a hablar, pero eso no consiste en arrodillarse, en dejarse captar, en ponerse a temblar porque ofrecen un vaso de whisky con hielo en un club”.

Este posible proyecto es cercano a la política de paz total del Gobierno que busca disminuir la violencia y los actos ilegales que han afectado por años al territorio nacional desde el conflicto armado, esto afectando especialmente a las zonas más abandonadas por el Estado.

¿Narcotraficantes dejarían sus fortunas por la reconciliación nacional?

La viabilidad del proyecto se da en medio de un panorama complejo, esto teniendo en cuenta que las economías ilegales les han generado grandes sumas de dinero a los narcotraficantes que por años se han beneficiado de esas economías ilícitas.

Sobre la posibilidad de que los narcotraficantes dejen sus grandes ingresos a cambio de negociar con el Gobierno, el investigador en conflicto y crimen organizado Jorge Mantilla aseguró que esta situación tiene un panorama complejo, esto teniendo en cuenta las dificultades que ha surtido la paz total.

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“Para desarrollar este tipo de acercamientos y acuerdos de reconciliación es la ley de sometimiento la cual no se surtió su trámite en el Congreso. La ley de paz total y demanda de inconstitucionalidad contra la ley está siendo estudiada por la Corte Constitucional, un eventual fallo en contra enredaría más el panorama legal para un proyecto de reconciliación nacional”, explicó Mantilla.

El investigador además explicó que en ese tipo de iniciativas de paz que ya ha evidenciado el Gobierno no han sido incluidos directamente el tema de recursos ilegales.

“Los acercamientos que se han hecho con grupos armados como el Clan del Golfo o las bandas, el tema de las rentas ilegales no ha estado dentro de esas negociaciones. Los ceses al fuego y negociación humanitaria han incluido temas de ataques contra la Fuerza Pública”, afirmó Mantilla.

Y reiteró el investigador: “No se ha puesto sobre la mesa temas de narcotráfico y rentas ilegales. Gran parte de la criminalidad organizada, incluyendo la relacionada con el narcotráfico, se ha diversificado hacia otras economías ilícitas. No deja de ser un anuncio vacío que no cuenta con demasiada proyección a corto y mediano plazo”.

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Por su parte, el periodista e investigador de conflicto armado, Néstor Rosanía, aseguró que dejar las economías ilícitas no será posible hasta que se siga pagando un alto precio por el narcotráfico.

“Apunta a la idea de reforzar la construcción de la paz total que no va a ser realidad mientras la cocaína siga pagando y mientras Estados Unidos y Europa sigan pagando a ese precio, vamos a seguir como en una espiral de violencia. Esto se limita a proyectos, políticas de Gobierno y no de Estado. Llega un Gobierno nuevo que no está de acuerdo con esa ley, la tumba y ahí quedó”, explicó Rosanía.

El investigador también hizo un claro énfasis en que los grandes beneficiarios del narcotráfico son los líderes de los grupos ilegales y no los jóvenes de las regiones que se dedican a subsistir en los territorios.

“La plata del narcotráfico no se queda en los pueblos, se queda en el lavado de activos que no se hace aquí. Todo el esfuerzo es atacando al eslabón más débil de la cadena que es el cultivo y el procesamiento químico, pero ahí no está la plata. Hay una economía cocalera, pero tampoco hay otras formas de economías legales, el Estado nunca ha llegado”, explicó Rosanía.

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Y concluyó el periodista: “Si hubiera una economía sustentable y que se sostenga en el tiempo. El problema es que esos proyectos y esas políticas no duran mucho”.