“Nos encontramos con gente destruida en su salud mental”: secretaria de Gobierno de Cauca sobre víctimas en Cajibío

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán Gallardo, lamentó profundamente los hechos ocurridos el 25 de abril, cuando “le apagan la vida a 20 personas, cada una con una familia”, dejando al departamento “hoy de luto”.

En entrevista con Noticias RCN, confirmó que en las últimas horas se realizó un Consejo de Seguridad con presencia del ministro de Defensa y la cúpula militar, quienes evaluaron la situación y replantearon la estrategia de seguridad en la región.

“Desde el día sábado solicitamos la presencia del Gobierno Nacional en el territorio”, señaló Perafán, insistiendo en que el Cauca requiere atención especial por los picos históricos de violencia que agudizan el conflicto armado.

Compromisos de seguridad y fortalecimiento de inteligencia

La funcionaria aseguró que existen compromisos concretos para redoblar la fuerza pública y mejorar las operaciones en los puntos más críticos.

“Hemos solicitado también el fortalecimiento inmediato de las labores de inteligencia en cada uno de los territorios”, explicó, subrayando que la prevención es clave para anticiparse a los ataques de los grupos armados ilegales.

Perafán destacó que las comunidades viven bajo temor constante por la presencia de organizaciones terroristas que “coaccionan permanentemente a la población” y obligan a tomar medidas más drásticas.

Acompañamiento a las familias y retos electorales

El gobierno departamental ha desplegado apoyo psicosocial, auxilios humanitarios y atención en salud para las víctimas y sus familias. “Nos encontramos con gente que está de verdad destruida en su salud mental por todo lo que viene pasando”, relató la secretaria, tras visitar Cajibío junto a líderes locales y la alcaldesa.

De cara a las elecciones presidenciales, Perafán advirtió que el departamento enfrenta un panorama complejo. “Tenemos casi todos los municipios del Cauca con alertas de seguridad”, dijo, y aseguró que se trabaja con la fuerza pública y la Defensoría del Pueblo para garantizar que los procesos democráticos se desarrollen sin contratiempos, pese a la “remetida brutal contra la población civil” registrada el fin de semana.