“No pueden abandonar el instituto”: presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios

La violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha dejado cifras alarmantes en los últimos ocho años: 80 casos de homicidios, 103 atentados y más de 500 amenazas, según denunció Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), en declaraciones a este medio tras el reciente ataque registrado en Cúcuta.

¿Qué pasa con los funcionarios de los centros penitenciarios?

Robayo aseguró que estos hechos son una “represalia y una violencia sistemática” que enfrentan los trabajadores del INPEC "desde hace más de ocho años, cuando se ajustan las tuercas en las cárceles, cuando hacen operativos de control que son constantes".

Adicionalmente, destacó que los funcionarios penitenciarios custodian la población carcelaria en el país, que es de las más peligrosas y con más poder delictivo de toda Latinoamérica.

La situación se agravó cuando, simultáneamente al anuncio presidencial sobre la captura de un objetivo de alto valor, se registraba un nuevo ataque contra personal del INPEC en Norte de Santander.

Robayo señaló que la organización cuenta con fechas, nombres, detalles, documentos de funcionarios atacados desde 2011, afectando familias enteras por estos ataques criminales.

El presidente de la UTP responsabilizó la continuidad de estos hechos a la falta de articulación gubernamental y a la impunidad imperante. "De estos 80 o 78 casos que yo he denunciado, no se han presentado casi responsables condenados (…) ni la Fuerza Pública está alrededor de los establecimientos carcelarios, como dice la norma, ni los alcaldes ni los gobernadores tienen en cuenta estos planes".

Robayo explicó que los funcionarios “fuera de las cárceles nos quitamos este uniforme y somos unos ciudadanos del común, que tenemos unos derechos que tienen que ser salvaguardados". Mencionó que grupos como la organización Mago (Muerte a Guardianes Opresores) y otras bandas criminales han emitido panfletos amenazantes, especialmente tras operativos de control en los centros penitenciarios.

El dirigente sindical señaló casos en Bogotá, Ibagué y Barranquilla, donde hay "compañeros que están heridos". Criticó que "cada asesinato de cada funcionario del INPEC se convierte en un monólogo" donde se prometen medidas como "una prima de riesgo, pero de verdad no hay una articulación por parte del gobierno".

Finalmente, Robayo hizo un llamado urgente solicitando garantías y mejoras laborales y mucha seguridad, enfatizando que los funcionarios penitenciarios "dependemos fuera de las cárceles de la policía, de los alcaldes y el Ejército Nacional (…) Somos la cura, más no la enfermedad del sistema carcelario”.