Oficina de la ONU es necesaria: Alta Consejera de Víctimas
Las declaraciones del presidente Santos sobre la posible salida de Colombia de la oficina ha generado diversas reacciones.
Noticias RCN
jul 17 de 2013
11:54 a. m.
11:54 a. m.
La Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Ana Teresa Bernal, advirtió que mientras no cese el Conflicto Armado Interno en Colombia es necesaria la presencia de la Alta Comisionada en el país.
La funcionaria señaló, en reacción a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que Bogotá "como ciudad receptora de víctimas, nos damos cuenta de la magnitud del conflicto y la cantidad de víctimas que tenemos que atender que es un número importante, y a veces son avalanchas de población provenientes de comunidades de Buenaventura, Cauca, Huila, Caquetá, lo que refleja que se siguen violando los derechos humanos en Colombia".
Añadió que "el total de personas asociadas a hechos victimizantes en Bogotá es de 428.742 de acuerdo con cifras aportas por la UARIV para Bogotá a corte 1 de junio".
Bernal manifestó que, aún en el posconflicto, es ineludible la presencia de esta oficina como facilitadora, porque el proceso de verificación requiere de garantes.
"El diálogo con la sociedad civil debe tener este acompañamiento, incluso ahora que Naciones Unidas adelantan una construcción de agenda de paz para llevar propuestas de la sociedad civil a La Habana", aseguró.
La Alta Consejera resaltó que las Naciones Unidas han sido fundamentales en el tema de víctimas y el actual proceso de paz.
A estas declaraciones se le suman las hechas por el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que el presidente Juan Manuel Santos está cometiendo un error al prorrogar sólo por un año la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidad en Colombia.
Afirmó que esta organización ejerce una función de acompañamiento y de consejería que le permiten a Colombia mejorar y corregir el rumbo.
"Digo que es un grave error porque lo que más necesita Colombia es apoyo de la comunidad internacional para mejorar y cumplir con sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos", señaló.
Al ser preguntado sobre si esta determinación del Gobierno está basada en las más recientes declaraciones del representante de esta oficina sobre que se estarían cometiendo abusos de parte de la fuerza pública en el Catatumbo, respondió que "es probable que este último incidente esté motivando esta sobria reacción del Gobierno del presidente Santos".
Vivanco manifestó que en el contexto de una negociación de paz con las Farc con mayor razón se requiere de una presencia internacional fuerte que permita evaluar los acuerdos a los que se lleguen en la mesa de La Habana.
El director de la ONG insistió en que en Colombia persisten las violaciones de los Derechos Humanos y por eso no es correcto prescindir de una oficina que vela por el cumplimiento de los mismos.
La polémica decisión
Según el presidente Santos el país ya ha madurado en esa materia y no necesita de supervisión internacional.
El Gobierno estudia la posibilidad de pedir a las Naciones Unidas que retire la oficina de derechos humanos en Colombia, así lo planteará el presidente Juan Manuel Santos ante la alta comisionada del organismo, Navi Pillay, que visita el país.
“Estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato, o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir ‘no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país’”, aseguró el primer mandatario de los colombianos.
Juan Manuel Santos dice que el país ya maduró lo suficiente para tener que depender de la vigilancia internacional.
“Ya es responsabilidad nuestra, somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los colombianos, pero sobre todo del Estado colombiano”, recalcó el presidente Santos.
El anuncio lo hizo el presidente una semana después de que Naciones Unidas condenara la actuación de la fuerza pública en la zona del Catatumbo.