ONU denuncia 277 secuestros y reclutamiento de menores en Arauca durante 2025
La ONU llamó al Estado colombiano a fortalecer la presencia institucional en Arauca, garantizar justicia y reparación para las víctimas.
Noticias RCN
06:00 p. m.
El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, denunció tras su visita a Arauca que las víctimas del conflicto armado en la región viven con dolor, miedo y la sensación de abandono estatal.
"Las víctimas de múltiples vulneraciones de derechos humanos con las que me reuní en Arauca viven con dolor, miedo y la sensación de que han sido olvidadas por el Estado, por todos, excepto por los grupos armados no estatales, cuya dura opresión es insoportable. Se merecen algo mejor", afirmó.
Campbell advirtió que la población no puede denunciar por el control ejercido por los grupos armados: "No pueden denunciar porque los grupos armados no estatales vigilan todo: revisan los celulares, saben quién entra y quién sale de las casas y quién transita por las carreteras. Esto destruye el tejido social y la confianza entre vecinos y en las instituciones del Estado".
Privaciones de libertad y control social
ONU Derechos Humanos documentó en Arauca al menos 530 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad entre 2023 y 2025, con un incremento sostenido: 90 casos en 2023, 163 en 2024 y 277 en 2025. Muchas de estas víctimas fueron asesinadas, otras liberadas y cerca de 200 permanecen desaparecidas.
La organización señaló que estas prácticas, atribuidas a grupos armados no estatales, son utilizadas como estrategia de control social y territorial. Además, se registraron homicidios selectivos, desapariciones, amenazas contra defensores de derechos humanos, reclutamiento de menores, uso de escuelas y la instalación de minas antipersonal en municipios como Arauquita, Tame, Puerto Rondón y Sácama.
Reclutamiento de menores y ataques a defensores
Durante 2025, ONU documentó 55 casos de afectación de derechos contra niños y adolescentes en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento o utilización. Campbell calificó esta práctica como un crimen de guerra y recordó que la legislación colombiana lo tipifica como delito.
En paralelo, la entidad verificó el homicidio de tres defensores de derechos humanos en 2025, tras los 16 asesinatos registrados en 2024. Aunque la cifra disminuyó, la ONU advirtió que ello responde al temor generado por la violencia y no a un aumento en las medidas de protección. Campbell destacó la valentía de quienes continúan trabajando por los derechos humanos en la región, pese a las amenazas y la estigmatización.
La ONU llamó al Estado colombiano a fortalecer la presencia institucional en Arauca, garantizar justicia y reparación para las víctimas, y destinar recursos efectivos para la prevención y protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado.