“No hay gobierno”: oposición arremete por las inundaciones y cuestiona nuevo decreto de emergencia económica

La Mesa Ancha Electoral reunió a varias cabezas de lista al Congreso: Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista al Senado por Cambio Radical; Juan Felipe Lemos, cabeza de lista del Partido de la U; y David Valencia, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá.

Aunque el espacio permitía presentar candidaturas y hablar de disputas ideológicas dentro de los partidos, la conversación giró hacia la crisis provocada por el invierno y la respuesta del Gobierno Nacional.

El debate se dio tras un extenso consejo de ministros transmitido por televisión pública, en el que, según varios sectores, no quedaron claras las soluciones para departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó, Nariño y Santander, afectados por las inundaciones.

Oposición arremete por las inundaciones y cuestiona nuevo decreto de emergencia económica

Carlos Fernando Motoa cuestionó de manera directa la gestión del Ejecutivo. Aseguró que la constante del Gobierno es la improvisación y que no existen hechos concretos que resuelvan la problemática en departamentos golpeados por la emergencia invernal como Córdoba, Sucre y Antioquia.

“Esta es la constante en el gobierno, la improvisación, la narrativa, el populismo. No hay hechos concretos que puedan resolver la problemática hoy de Córdoba, de Sucre, de Antioquia”, afirmó.

El senador también extendió sus críticas a otros frentes: orden público, salud, infraestructura y vivienda. Sostuvo que el Gobierno no ejerce las competencias que le otorgan la Constitución y la ley y aseguró que los recursos se están destinando a burocracia y maquinaria política.

“No hay gobierno actualmente en el país”, señaló, al tiempo que cuestionó lo que calificó como un intento de recurrir de manera reiterada a estados de excepción.

Motoa recordó que promovió un debate de control político en el Senado sobre la declaratoria de emergencia anterior y aseguró que en ese momento no existían hechos sobrevinientes que justificaran la medida. Indicó que la Corte Constitucional suspendió el decreto y que, si los recursos con destinación específica se ejecutaran correctamente, no sería necesario acudir a una emergencia económica.

“Ahí está la unidad de gestión de riesgo, ahí está el fondo de adaptación, ahí están los recursos que tienen que garantizar”, dijo, insistiendo en que el Gobierno debe dejar de “derrochar los recursos públicos en gastos de funcionamiento” y destinarlos a inversión.

¿El Gobierno tiene cómo responder a la crisis en Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar?

Por su parte, Juan Felipe Lemos coincidió en que la primera emergencia económica decretada por el presidente fue inconstitucional y recordó que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en casos anteriores, como la sentencia 384 de 2023 sobre la emergencia en La Guajira.

Explicó que el Gobierno presentó un presupuesto desfinanciado y que, tras la negativa del Congreso a la ley de financiamiento, debía proceder a realizar los recortes correspondientes, garantizando los gastos sociales.

Sin embargo, Lemos introdujo un matiz frente a la situación actual en departamentos afectados por el invierno. Señaló que más de 120.000 familias han perdido todo, que más de 5.000 fincas quedaron destruidas y que más de 263.000 cabezas de ganado y búfalos están en riesgo, lo que pone en peligro la economía regional.

A su juicio, si se decreta una nueva emergencia económica exclusivamente para atender la crisis humanitaria derivada del fenómeno natural, y no para resolver problemas fiscales, podría haber argumentos jurídicos para sustentarla.

“La primera emergencia económica decretada por el presidente a todas luces es inconstitucional”, afirmó, pero agregó que un hecho imprevisible como el actual podría justificar una nueva medida si se enfoca en atender la tragedia.

El debate también dejó sobre la mesa la advertencia de que el uso reiterado de la figura de emergencia económica podría restarle credibilidad ante la ciudadanía.

Motoa sostuvo que existen recursos sin ejecutar, cercanos al 50%, y que deberían trasladarse para atender la emergencia antes de acudir nuevamente a un estado de excepción.