Ordenan detención domiciliaria al gobernador de San Andrés por presunta corrupción
La decisión fue tomada más de dos meses después de que el caso de irregularidades en plena pandemia fuera denunciado en Noticias RCN.
Noticias RCN
10:54 p. m.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, por presuntas irregularidades en contratos publicitarios durante la emergencia sanitaria.
El contrato consistió en el diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria.
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El caso fue denunciado por Noticias RCN en la sección Todos contra la Corrupción el pasado 3 de julio, donde se estableció que el mandatario departamental habría celebrado de manera directa un contrato de servicios publicitarios con Noel Foto S.A.S., por 500 millones de pesos, dentro de la investigación se pudo determinar un presunto sobrecosto de 86 millones de pesos.
De igual manera, el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el covid–19.
Pero, el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población.
Según el ente acusador, el material probatorio da cuenta de que el gobernador desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins.
Una vez cumplidos los procedimientos de ley por parte del tribunal de Bogotá, el presidente de la República suspenderá al mencionado gobernador del cargo.
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La estrategia de lucha contra la corrupción definida por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha permitido capturar a 69 personas y realizar 166 imputaciones en 26 departamentos, por delitos contra el patrimonio y la administración pública.
Entre los procesados hay 4 gobernadores, 6 exgobernadores, 22 alcaldes y exalcaldes, un magistrado, 10 jueces y fiscales, entre otros. Resultados obtenidos entre el 13 de febrero y el 16 de septiembre del presente año, indicó la Fiscalía.