Ordenan indemnizar y ofrecer disculpas al almirante (r) Arango Bacci por su detención
El Consejo de Estado declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños causados por la “privación injusta de la libertad” del almirante en retiro.
Noticias RCN
06:32 p. m.
El exoficial Gabriel Arango Bacci fue investigado y luego declarado inocente del delito de enriquecimiento ilícito por presuntos nexos con narcotraficantes.
Bacci estuvo año y medio detenido y ahora, por orden del Consejo de Estado, la Fiscalía además de indemnizarlo con cerca de 700 millones de pesos deberá ofrecerle disculpas públicas.
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"A título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen nombre y dignidad humana, la Nación-Fiscalía General de la Nación, a través de una misiva personal dirigida al señor Gabriel Ernesto Arango Bacci le ofrecerá disculpas por la detención injusta de la que fue objeto. Dicha entidad deberá coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad", dice el fallo.
En un video, el almirante (r) aseguró que recibe con satisfacción el fallo y pidió a la justicia que los culpables de la “infamia” y “patraña” paguen ante los colombianos.
“Después de ocho años de haber interpuesto una demanda por la terrible injusticia a la que fui sometido con mi familia, reconfirma mi inocencia y ordena reparar el daño. Queda claro tanto para mi familia como para mi institución, la Armada Nacional, que el honor y la dignidad no se venden ni se negocian, como siempre lo he pregonado. El uniforme blanco no se mancha”, señaló.
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La decisión del Consejo de Estado se dio luego de que en 2011 la familia interpusiera una demanda de reparación por los daños causados tras la derención.
"Los accionantes esperaban recibir el pago de al menos 6.200 salarios mínimos por daños inmateriales y punitivos y más de 224 millones de pesos por perjuicios materiales", indica la la decisión.
El Consejo de Estado consideró que la imposición de medida de aseguramiento fue ilegal debido a que la Fiscalía "no presentó elementos que constituyeran los citados indicios graves de responsabilidad del procesado y tampoco justificó adecuadamente la necesidad de privarlo de la libertad".