Ordenan inspección judicial a las oficinas principales de Senado y Cámara por el caso de la UNGRD
Esta diligencia judicial se realizará para obtener información sobre los trámites de las reformas a la salud y pensional, en medio de la investigación a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Noticias RCN
01:51 p. m.
En medio del escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional.
Esta diligencia se ordena en medio de la investigación contra los congresistas Iván Name, presidente del Senado y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representante, tras las denuncias de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNRGD.
Al mismo tiempo, el alto tribunal solicitará, a través de un cuestionario, la declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés ldárraga Franco.
Inspección judicial a oficinas de Iván Name y Andrés Calle
De acuerdo con la Corte Suprema, en la investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, el magistrado Francisco Farfán decretó varias pruebas tras examinar las peticiones de la defensa de los congresistas.
Se ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional.
En la diligencia que se llevaría a cabo en los próximos días, el alto tribunal busca avanzar en las investigaciones a través de información que pueda hallarse en las oficinas de Name y Calle, además, las de sus respectivas secretarías.
Investigaciones contra Ivan Name y Andrés Calle en caso UNGRD
Según las versiones entregadas por Sneyder Pinilla, presuntamente, del contrato de los carrotanques, el exsubdirector le entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name, a través de una emisaria, y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle.
Esos dineros estuvieron relacionados con el contrato de los carrotanques y, al parecer, tenían la finalidad de impulsar las reformas sociales propuestas por el Gobierno.
Razones por las que la Corte ordenó la inspección a sus respectivas oficinas.