Paloma Valencia sugiere que proyecto de Ley liderado por Cepeda podría comprometer la inversión extranjera

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia, advirtió que un proyecto de ley radicado por congresistas del Pacto Histórico, en cabeza de Iván Cepeda, permitiría que a las empresas extranjeras con presencia en Colombia se les levante el velo corporativo:

“Cuando usted dice que quiere correr el velo corporativo es que puede llegar a las filiales. Por ejemplo, una empresa multinacional comete un daño en Colombia o hay un indicio fundado de que cometió un daño, entonces, se puede buscar en Alemania, Estados Unidos, el país que sea, para demandarla allá y perseguir toda la estructura de la compañía ¿y qué significa? Es una inseguridad jurídica”, explicó.

Según dijo, el proyecto “por medio del cual se establecen disposiciones en materia de derechos humanos a las empresas, se garantizan mecanismos de acceso a la justicia y reparación integral”, podría acabar con ellas y restar incentivos a las que tenían en mente invertir en el país.

¿Por qué existe el velo corporativo?

La figura jurídica del “velo corporativo” establece la separación entre la personalidad jurídica de la empresa y la responsabilidad individual de sus socios o administradores. Sin embargo, este puede levantarse cuando se demuestra que la compañía fue utilizada para fines fraudulentos, abusivos o contrarios a la ley, permitiendo atribuir responsabilidad personal a quienes actuaron detrás de ella.

Su mayor reparo es que el Gobierno “podría perseguir” a socios y administradores de las multinacionales con presencia en el país, sin tener que probar, con hechos verificables, que la empresa cometió un abuso o violación de los derechos humanos.

¿El proyecto podría comprometer la inversión extranjera?

De acuerdo con la senadora, las multinacionales tendrían que responder por lo que hagan sus filiales en Colombia y los grupos económicos nacionales tendrían que hacer lo mismo; lo que podría “ahuyentarlos”.

Y es que, “cualquier ONG o comunidad podría pedir que se suspendan contratos de minería, petróleo, licencias ambientales o concesiones con base en ‘indicios fundados’ de violaciones a los derechos humanos. El proyecto ni siquiera exige que sea judicialmente probado un hecho irregular. Con la simple denuncia de cualquier persona bastaría para que el Estado pueda cancelar los contratos”.

En palabras de Valencia, “con esta reglamentación no se podría construir una sola carretera en Colombia. Se acabarían los proyectos de inversión y el sector minero-energético”.