Petro asistirá a audiencia de conciliación con el Gobierno en sede del CIDH
Hace un año, la CIDH solicitó medidas cautelares para restituir a Petro como alcalde. Tribunal Superior de Bogotá se ratificó esa medida.
Noticias RCN
03:47 p. m.
Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, asistirá el próximo 21 de marzo a la audiencia de conciliación con el Gobierno, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos.
En dicha reunión se planteará la necesidad de que Colombia aplique la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según Petro, solo la ciudadanía o un juez pueden retirar de su cargo a un alcalde, pero en Colombia no se está cumpliendo la convención.
"Ahora el Estado y la víctima se reúnen para conciliar, vamos a ver si conciliamos; yo propongo que se aplique la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros nos comprometimos a cumplir y no la hemos cumplido, ya veremos qué opina el Gobierno", dijo el alcalde Petro.
El mandatario distrital cuestionó además "cuál es la coherencia entre criticar que en Venezuela no se aplique la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero me silenció cuando dije que Colombia tampoco, cuántos funcionarios elegidos por voto popular han sido sacados de sus cargos sin que medie ni el pueblo ni un juez".
En marzo de 2014, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le solicitó al Estado que proteja con medidas cautelares al alcalde Gustavo Petro, dejando sin efecto la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas, como lo había dictado la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013.
Sin embargo, ese mismo mes el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno no acogería las medidas cautelares de la CIDH y confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, designando al entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en ese cargo.
No obstante, mediante un fallo de tutela el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Estado acatar las medidas cautelares a la CIDH, una acción impugnada por el Presidente ante la Corte Suprema de Justicia.
En mayo, un auto del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas, suspendió provisionalmente los efectos del fallo de la Procuraduría y el alcalde fue restituido. En las próximas semanas se resolverán si la protección se mantiene.
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