Piedad Córdoba no se presentó a su audiencia ante la Corte Suprema de Justicia
Se esperaba que la excongresista entregara su versión ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
Noticias RCN
02:27 p. m.
La exsenadora Piedad Córdoba, quien estaba programada para comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, no llegó y la fecha de su audiencia por el caso de la 'farcpolítica' y el caso de Alex Saab será aplazada.
Vea además: Estos serían los cargos que le imputarían a Álvaro, hermano de Piedad Córdoba
Se esperaba que la excongresista entregara su versión ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
Piedad Córdoba no asistió
La abogada de la exsenadora informó, a última hora, que no iba a asistir a la diligencia.
Las presuntas relaciones de Córdoba con Saab salieron a relucir luego de un informe de la Comisión Especializada Permanente de la Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Dicho informe que fue entregado al Gobierno del presidente Iván Duque, señala a Córdoba de ser la supuesta pieza clave para que el empresario triunfara en negocios ilegales.
Según se lee en el informe, “la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela. La prueba de ello son los correos electrónicos donde Alex Saab informa con lujo de detalles el estado del proyecto y diseños de las casas a los asesores de Piedad Córdoba”.
Lea también: Captura del hermano de Piedad Córdoba fue solicitud de EE. UU., según director de Policía
Córdoba ha negado rotundamente cualquier vínculo con el empresario, quien fue extraditado por estar relacionado con delitos como lavado de activos y corrupción.
En el caso de la 'farcpolítica' se dice que en el 2008, cuando confiscaron los computadores de Raúl Reyes, se encontraron supuesta evidencia sobre cruce de información entre la extinta guerrilla de las Farc y la exsenadora. Por este caso, la Procuraduría le abrió un proceso a Córdoba que terminó en una destitución e inhabilidad por el termino de 18 años. Esta después fue tumbada por el Consejo de Estado.