¿Podrá la Nueva EPS atender a más de 11 millones de afiliados en crisis?

El anuncio presidencial sobre la liquidación de varias EPS ha generado incertidumbre entre millones de colombianos sobre la continuidad de sus tratamientos médicos y el acceso a servicios de salud.

La medida se produce en medio de una crisis del sistema que ha cobrado vidas de pacientes, mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad y viabilidad de esta decisión.

Senador advierte sobre legalidad y consecuencias

Según el senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, el presidente "hace este anuncio y deja a muchas personas en un limbo porque no hay claridad de qué es lo que va a suceder". Forero señaló que la liquidación solo sería legal para EPS intervenidas, lo que reduciría el universo afectado a aproximadamente 24 millones de personas.

La Nueva EPS, actualmente intervenida y controlada por el Gobierno, tiene 11.600.000 afiliados y enfrenta graves problemas operativos. En las últimas cuatro semanas se han registrado múltiples muertes de pacientes, incluyendo los casos de Kevin, Cecilia en Norte de Santander y Jason, quien desde diciembre esperaba medicamento para leucemia.

"Son vidas que se han ido apagando lamentablemente por cuenta de las malas decisiones del gobierno nacional", afirmó Forero.

El anuncio presidencial se produce después de que un tribunal en Antioquia frenara mediante acción popular el traslado forzoso de pacientes desde Sanitas y Sura hacia Nueva EPS. "Él no logró ese capricho que tenía, pues entonces dice y anuncia que supuestamente va a liquidar un montón de EPS", explicó el congresista.

Críticas a la gestión y advertencia de monopolio

Forero cuestionó la gestión gubernamental señalando que "él indujo la crisis explícita y ahora trata de lavarse las manos". Mencionó que el actual superintendente nacional de salud, Bernardo Camargo, fue interventor de Nueva EPS durante ocho meses y salió "con diez años de órdenes de arresto por desacatar fallos de tutela".

El senador electo criticó que funcionarios como el ministro Jaramillo y la senadora electa Corcho permanezcan afiliados a Sanitas en lugar de trasladarse a Nueva EPS si consideran que funciona mejor. "¿Por qué no se traslada y da el ejemplo?", cuestionó.

La medida implicaría pasar por encima del derecho libre de los ciudadanos de escoger su EPS y podría generar un monopolio sobre la salud. "El propósito de todo esto era regresarnos al pasado, viajar 40 años hacia los 80 o los 90, donde existía un seguro social", advirtió sobre el modelo que buscaría implementarse.

Existen denuncias periodísticas sobre cómo las contrataciones de brigadas de salud y otros aspectos del sistema se están dando "curiosamente, en el entorno del ministro Jaramillo", según indicó Forero, quien advirtió que "se convierte en una piñata de los políticos repartiéndose la plata de la salud".

El congresista consideró que no habría tiempo suficiente para ejecutar los traslados antes del fin del periodo presidencial y calificó la medida como "un suicidio político" que agravará la crisis actual. "Lo que le pedimos al gobierno es responsabilidad, que no genere este tipo de anuncios vaporosos, sin un plan B, sin una alternativa clara", concluyó.