Representante Simón Molina asegura que esquemas de seguridad de la UNP se asignaban “a dedo”

Las cifras reveladas por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los costos de algunos esquemas de seguridad desataron una fuerte controversia en el Congreso de la República. Entre los casos que más cuestionamientos han generado están los de Juliana Guerrero y Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, cuyos dispositivos de protección representan millonarios gastos para el Estado.

Durante una sesión legislativa en la que se discutió el presupuesto de la entidad, el director de la UNP informó que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero costó cerca de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Asimismo, indicó que Rodrigo Londoño cuenta actualmente con un esquema integrado por 16 escoltas y seis camionetas blindadas.

Cuestionamientos por asignación de esquemas

Tras conocerse las cifras, el representante a la Cámara Simón Molina cuestionó la manera en que se han otorgado algunos esquemas de protección y aseguró que existen serias dudas sobre los criterios utilizados para asignarlos.

El congresista afirmó que resulta “increíble” que exfuncionarios del gobierno anterior continúen utilizando vehículos blindados y esquemas de seguridad financiados con recursos públicos, pese a haber dejado sus cargos. También criticó el caso de Juliana Guerrero, señalando que “nunca tuvo un cargo importante” dentro del Gobierno y, aun así, contó con un esquema que costó cientos de millones de pesos.

Molina sostuvo además que lo expuesto por la dirección de la UNP evidencia presuntas irregularidades en la asignación de medidas de protección. Según indicó, algunos esquemas habrían sido entregados “a dedo” y no necesariamente con base en estudios técnicos de riesgo.

Déficit presupuestal y llamado a investigaciones

La controversia se produce en medio de las advertencias sobre la situación financiera de la UNP. Durante la misma presentación presupuestal se informó que la entidad enfrenta un déficit cercano a un billón de pesos, un panorama que preocupa de cara a la protección de líderes sociales, dirigentes políticos y el proceso electoral previsto para el próximo año.

El representante Molina pidió que se realice una revisión exhaustiva de todos los esquemas vigentes para determinar cuáles responden realmente a necesidades de seguridad comprobadas. “Hay que revisar efectivamente a quiénes es necesario darles protección”, afirmó, al insistir en que las decisiones deben estar respaldadas por estudios técnicos y no por consideraciones políticas o personales.

Asimismo, aseguró que se solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar la forma en que se asignaron algunos de estos esquemas y el manejo de los recursos dentro de la entidad. Según el congresista, las revelaciones conocidas en el Congreso dejaron al descubierto múltiples interrogantes sobre la administración de la UNP durante el gobierno anterior.

Molina también se refirió al esquema de seguridad de Rodrigo Londoño y estimó que, por el número de vehículos y escoltas asignados, podría representar un costo mensual de varios cientos de millones de pesos para el Estado, aunque señaló que corresponde a las autoridades establecer con exactitud los montos y la justificación de dichos recursos.