“Lo que está de por medio son los derechos de las víctimas”: presidente de la JEP, Alejandro Ramelli

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, seguirá en el cargo hasta noviembre de este año, sin embargo, antes de finalizar su mandato enfrenta un momento crucial debido al recorte de presupuesto para la entidad y la amenaza de dejar inoperante el tribunal especial.

Ramelli habló con Noticias RCN sobre la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz deje de existir y las consecuencias que esto traería para los miembros de la Fuerza Pública, los firmantes de paz y las víctimas acreditadas por el conflicto armado.

¿Se va a acabar la JEP?

Pues al paso que vamos no se acaba formalmente, pero la dejarían como un tribunal inoperante, y entre eso y acabarla no hay mucha diferencia.

¿Por qué es tan importante la JEP?

Es importante porque hay verdades que estamos revelando que el país no conocía, porque hay víctimas que después de 20 o 30 años tienen una respuesta de la justicia. Le quiero citar la decisión que tomamos hoy contra las Farc por violencia sexual en el norte del Caula y el sur del Valle. Esas imputaciones no existían en la justicia ordinaria. Entonces, esas víctimas que habían sido silenciadas serían las más afectadas con ese tema del presupuesto.

Esto no es un tema solamente económico, no es un tema burocrático, lo que está de por medio son los derechos fundamentales de las víctimas, el derecho a la verdad y la seguridad jurídica de los firmantes de paz y de más de 7.000 miembros de la fuerza pública. Esto no es un debate menor, no es únicamente de un déficit fiscal.

¿Por qué justo hoy aparecen las condenas por violencia sexual?

Esos son los tiempos procesales, no es nada programado. De verdad son decisiones que venían hace mucho tiempo madurándose, no es la primera. Esta es una más de muchas que hemos tomado en ese tema, no hay ninguna intencionalidad.

¿Es verdad que ha habido más beneficios para los exguerrilleros que para los militares?

No es verdad y le puedo dar cifras. En el tema de amnistías, la guerrilla ha recibido unas 940. En el tema de fuerza pública, ellos no pueden recibir amnistías sino renuncias condicionadas a la acción penal, y han llegado cerca de mil.

Si vamos a los beneficios, ha recibido más beneficios la fuerza pública que las Farc. Además, cerca de 2.000 miembros de la fuerza pública recuperaron su libertad.

¿Por qué hay tantos militares buscando medidas cautelares ante la CIDH?

Porque si se cuestiona la jurisdicción y termina siendo inoperante, esos beneficios que llegarán a los 7.000 quedará sin funcionar. Los grandes afectados de la desfinanciación de la JEP van a ser los miembros de la Fuerza Pública.

¿Eso qué significa?

El tema es, están recibiendo los beneficios. Si la JEP se acaba y no podemos dar respuesta, ellos no podrán terminar sus procesos judiciales, por eso están preocupados.

Muchos de ellos estaban condenados en la justicia ordinaria, entonces ¿qué va a pasar con los demás?

Esos militares que se acogieron a la JEP, ¿qué tipo de delitos tienen?

Tienen homicidios, desapariciones forzadas, casos de violencia sexual, crímenes internacionales.

Una cosa son los máximos responsables, que van por otro lado, pero estoy hablando de los no máximos, es decir, la mayoría de la fuerza pública. También hay que decir, los que estamos judicializando no son ni el 1% de la fuerza pública, entonces eso de que los estamos persiguiendo no es verdad.

Menos del 1% de los que participaron en la guerra están rindiendo cuentas ante la jurisdicción.

¿Y los exguerrilleros?

En el tema de reclutamiento de menores y violencia sexual hemos llegado a niveles de investigación nunca antes obtenidos en Colombia. Las Farc nunca ha sido tan investigada como lo hemos hecho nosotros. Por esa cantidad de delitos, víctimas e imputaciones, hemos llegado a los mandos medios, no solo al secretariado.

¿Cómo explicarle a la gente que una mujer como Sandra Ramírez o 'Timochenko' estén libres?

El secretariado hoy está empezando a cumplir la sanción. Sandra Ramírez hasta ahora está siendo investigada.

Eso fue lo que se negoció en el acuerdo de paz. Los que acepten su responsabilidad y digan la verdad tendrán estas sanciones; los que no, pues se van por una vía parecida a la justicia ordinaria y se exponen hasta a 20 años de cárcel de ser encontrados culpables.

¿Qué tipo de resarcimiento están haciendo?

La Sección de Apelación estableció unos cronogramas, tiempos y actividades durante los 8 años. Están empezando con el tema de búsqueda de desaparecidos trabajando con integrantes de la fuerza pública. Esas sanciones propias de las Farc son en trabajo conjunto.

¿Qué ha faltado para que la gente entienda que esto es un tribunal de verdad, justicia y reparación?

Lo que más están pidiendo las víctimas es verdad, y aquí han obtenido muchísimas verdades generales y de casos individuales. Hay voces disonantes, sí, pero también conozco a muchas que agradecen obtener algo de justicia.

¿Si la JEP se cierra los casos podrían ir a la CPI?

En el 2021 el gobierno del expresidente Duque firmó un acuerdo con la Corte Penal Internacional. Estábamos siendo objeto de una indagación preliminar. En 2021 dijeron que la JEP estaba funcionado y que iban a cerrar la indagación bajo tres condiciones: que no acabaran con la JEP, no la modificaran y no la desfinanciaran.

Frente a la CPI no hay ninguna inmunidad.