Es una responsabilidad de la JEP y del gobierno cumplirle a los firmantes: magistrado Danilo Rojas

La Jurisdicción Especial para la Paz tiene nuevo presidente, quien llega a enfrentar retos enormes como la reducción presupuestal de $170.000 millones propuesta por el Gobierno Nacional.

El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, quien asumió el cargo este 5 de noviembre en reemplazo de Alejandro Ramelli, estará al frente del tribunal especial hasta 2028.

En nuevo presidente de la JEP habló con Vanessa de la Torre sobre los cambios que enfrenta la entidad y las decisiones que se deberán tomar de cara al panorama actual.

¿Qué va a hacer con el recorte de $170 mil millones?

Tomamos tres decisiones que son relevantes en función del presupuesto. Pasamos de habitar un edificio de 15.000 m2, a uno de 4.200 m2 que iniciará el 1 de abril de 2027 y reduce 26.000 millones de pesos en el año, e impone una forma de trabajo distinta. Al tener un cambio tan radical en materia de infraestructura tenemos que hacer un reacomodamiento de la virtualidad.

Lo segundo serán los sistemas de protección, hemos decidido reducir los esquemas de protección. Cada magistrado hará un examen directo de su esquema. De hecho, los 17 fiscales que tiene la Unidad de Investigación entregarán los esquemas.

¿Esa seguridad pasaría a la UNP o a dónde?

Le vamos a pedir al gobierno que inmediatamente active la responsabilidad que le corresponde normativamente, para que asuma ese cubrimiento. Pero la parte más difícil es la seguridad de testigos comparecientes y víctimas que están en la JEP porque están amenazados, eso también toca reducirlo. Por eso queremos pedirle al gobierno que asuma esos costos, porque no podemos hacerlo.

Parte de ese presupuesto era para pagar ese costo de seguridad. Calculamos que eso puede ahorrar unos 18.000 millones de pesos al mes.

¿Y lo tercero?

Lo tercero es radical y sustancial en la contratación que tiene la JEP en prestación de servicios. Es una reducción del 85%, con un ahorro de $83.000 millones al año.

Esa contratación cubría fundamentalmente la defensa técnica. Aquí hay 17.000 comparecientes y todos necesitan abogado. Eso lo suplía la fuerza de contratación, porque somos una defensoría pública también.

¿Eso deja a la JEP tambaleante?

Muy maltrecha. El otro grupo fuerte de contratación que se verá resentido es de apoyo psicosocial. Todos esos encuentros restaurativos que ha hecho la JEP estos años, exigen un acompañamiento muy fuerte. Eso funciona con un proceso de aproximación donde se hacen tres o cuatro encuentros previos, en done el acompañamiento debe ser muy fuerte con trabajadores sociales, psicólogos y psicoanalistas, y eso se venía haciendo con contratistas.

¿Y cómo se va a reemplazar?

El cuarto paso es el que vamos a hacer a partir de la semana entrante y es una reestructuración de toda la planta de personal, para que en esa redistribución de cargos podamos cubrir el hueco.

Lo otro que haremos, que es una de mis tareas inmediatas, es volverle a pedir al Congreso y al Gobierno que repensemos el equilibrio presupuestal para el otro año.

¿Usted tiene alguna relación con el gobierno?

Le he agradecido al ministro Cancino la convocatoria que acaban de hacer para instalar el próximo 12 de noviembre la instancia de articulación que se creó en la ley que encargada de articular todas las instancias del gobierno con la responsabilidad de ejecutar las sanciones propias.

¿Usted siente que hay un buen ambiente en el gobierno frente a la JEP?

Sí, lo que pasa es que la reducción es un hecho y nosotros como jueces somos muy respetuosos de la normatividad. Yo lamento mucho realmente esa reducción porque tiene unos costos muy fuertes, pero hay que asumirlo y afrontar con responsabilidad, con coraje y con estrategia lo que sigue, que es un poco lo que estamos haciendo.

Pero mirando hacia adelante, yo creo que con el gobierno podemos desarrollar una muy buena relación institucional en función de lo que nos interesa, que es que esto que se pactó en La Habana respecto de unos actores armados se pueda sacar adelante y el gobierno, digamos, tiene otros retos no menos difíciles en relación con otros actores armados.

Entonces, cerrar un espacio de tensiones, de discusión con un grupo de actores armados, que en este caso son las Farc, no las disidencias de las Farc ni los nuevos grupos, no lo que aparece después del 2016. Eso es una responsabilidad actual del gobierno, pero es una responsabilidad de la JEP y del gobierno cumplirle a los firmantes. Y yo creo que son dos frentes que vale la pena diferenciar para los procesos de paz en general.

Cuando la JEP se consolida en 2018 queda planteada para 15 años, y el gobierno pide que sea por 10 años, ¿qué consecuencias tendría es?

Yo lo primero que entiendo es que no es el gobierno, sino el propio Congreso. Y efectivamente el Congreso ya aprobó el recorte del periodo de la JEP, y yo creo que ahí vale la pena una distinción sobre el periodo, y una recomendación al Congreso para para que sea tenida en cuenta en las discusiones que siguen.

El primer punto es que a la Unidad de Investigación nuestra se le acaba el 14 de marzo del 2028 constitucionalmente el tiempo para presentar las imputaciones. Pero una cosa es el término de esa unidad y otra cosa es el término de la JEP. Después de que la fiscalía nuestra presenta la imputación, quedan 5 años más para que se haga el juicio.

Y entonces aquí, mezclando un poco los términos que efectivamente van a ocurrir para nuestra pequeña fiscalía en marzo del 28, se juntó que no solamente la a fiscalía, sino que a toda la JEP se le acabe el periodo. Eso es un problema institucional, un problema político complejo.

¿Cómo quedaría el Estado colombiano frente a la CPI si a la JEP se le reduce el tiempo y los objetivos no se cumplen?

Cuando vino aquí el fiscal de la Corte Penal Internacional firmó con el presidente Duque un convenio de cooperación, en donde se dijo expresamente que el la que el gobierno se comprometía a mantener las condiciones presupuestales de la JEP, a no hacer reformas normativas constitucionales. Y esa fue, entre otras cosas, la razón por la que la fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el caso que venía vigilando desde hacía 17 años en Colombia.

Nosotros con lo que estamos haciendo en la JEP, por ejemplo, evitamos conflictos en el Sistema Interamericano, en el Sistema Europeo de Derechos Humanos y por supuesto en la Corte Penal Internacional.

¿Por qué hay una sensación negativa sobre la diligencia de la JEP?

Sí, yo creo que hay una una explicación y es que esa esa expectativa que siempre se ha tenido del resultado final de lo que debía hacer la JEP, que son las sentencias; pero desde el presidente Ramelli, el presidente Roberto, el presidente Cifuentes, la presidenta Patricia, han insistido en algo que yo creo que es pertinente, que el proceso mismo que lleva la sentencia es tan valioso como la sentencia misma. Porque es que en ese procedimiento en donde se encuentra la víctima con el victimario, en donde se encuentra el dolor con el arrepentimiento y eso es un encuentro muy difícil, aún en la cotidianidad.

¿Por qué Sandra Ramírez no está compareciendo en la JEP?

El caso de Sandra Ramírez está en curso en este momento y efectivamente ya fue llamada. Yo creo que ese ya es un aspecto relevante para que ella pueda enfrentar los hallazgos que ha hecho la jurisdicción en relación con todo esto.

En ese caso específico, por ejemplo, de violencia sexual, la impunidad es la más alta del país y no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Un procedimiento de estos permite una conversación distinta, permite mostrar dolores más hondos. En una investigación digamos que no fuera de este tipo es mucho más difícil, es casi imposible y eso explica una impunidad hasta del 98% en materia de violencia sexual.

Entonces, yo creo que el hecho de que el procedimiento mismo permita eso, permita ventilar públicamente este tipo de situaciones sirve para indignarnos, yo creo que es un buen suceso al que ha contribuido la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Qué fallos nuevos vienen?

De aquí al 15 de diciembre se pretende por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad la expedición de 15 autos de determinación de hechos y conductas. Eso significa que los 11 macrocasos que abrió la JEP van a tener una serie de imputaciones a los máximos de responsables de los máximos crímenes de todos estos casos. Y el año entrante se escucha la versión de los imputados para ver si aceptan o no responsabilidad, en función de eso vienen las resoluciones de conclusiones y ahí inicia el juicio.