Presidente Santos objetó ley de no cobro por reconexión de servicios
El proyecto de ley, que había sido aprobado por Senado y Cámara, estaba listo para la sanción presidencial y pasar a ser ley de la República.
Noticias RCN
ene 03 de 2017
04:08 p. m.
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El Presidente Juan Manuel Santos objetó el proyecto de ley que elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales bajo el argumento de que esta iniciativa vulnera el principio de solidaridad y constituye en un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones.
Por tal razón se devolvió al Congreso de la República el proyecto por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994 con el que se buscaba eliminar este cobro y se dictaban otras disposiciones por considerar que la exoneración del pago era inconstitucional.
A través de una comunicación, enviada al Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, en la cual se explican las objeciones por constitucionalidad e inconveniencia, el Gobierno señala que el proyecto de ley va contra el artículo 367 de la Constitución Nacional ya que 'excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos'.
A diferencia de lo sostenido en el trámite legislativo, las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de éste”, indica el Gobierno.
"Las empresas de servicios públicos sí incurren en gastos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor como lo es la mora en el pago”. añade el Gobierno al tiempo que subraya que “la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”.
Finalemente el Gobierno advierte que “dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema”, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.
La decisión de abstenerse a sancionar la norma ha generado múltiples reacciones de parte de congresistas, ponentes e impulsores del proyecto como de parte de la ciudadanía que lo califica como una desconsideración con los usuarios de los servicios que verán menguadas sus finanzas con los aumentos contemplados en la nueva reforma tributaria.
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