Primera línea: las posibles implicaciones de que miembros liberados se conviertan en voceros de paz

Una tormenta política se ha producido después de que, desde el Gobierno, se comunicara la intención de liberar a sindicados de la primera línea que, presuntamente, actuaron en la ejecución de delitos y actos vandálicos durante el paro nacional. De acuerdo con versiones preliminares, se buscaría que al menos 230 jóvenes del autodenominado grupo se unieran al proceso de paz que se adelanta en el país. 

Sin duda, un punto que ha sido criticado es que estos sujetos detenidos se convertirían en gestores de paz. Incluso, hay quienes han llegado a asegurar que habría una fractura entre las ramas del poder, pues alegan que esta clase de decisiones no se debe dar por determinación del Ejecutivo y el presidente Gustavo Petro, sino expresamente por el poder judicial. 

Lea: Gustavo Bolívar envuelto en polémica por reunión con miembros de la primera línea: ¿qué responde?

En medio de esta polémica, este lunes 12 de diciembre se conoció el decreto que crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, la cual será la encargada de estudiar los casos de las personas privadas de la libertad que podrían aportar a la paz total. 

De acuerdo con el documento, esta tendrá entre sus funciones "recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022". 

Así el Gobierno estableció que aquellos sujetos que sean liberados se convertirían en voceros para la paz y, en principio, sus funciones serán supervisadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Además, con este decreto se dispone que las personas de la sociedad civil podrían participar en la vocería de algún grupo armado ilegal en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. Aunque advierte que para esto tendrá que contar con el consentimiento expreso de la colectividad.

También: Los funcionarios del Gobierno que aprueban y desaprueban los colombianos

"Un ciudadano que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia", puntualiza el decreto.  

Ahora serán voceros 

Un asunto que saltó a la vista es que en el documento no se menciona que serán gestores de paz, sino voceros. Sobre este tema, el analista político y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, señala que esta es una distinción importante, pues en el pasado la figura de gestores ha llegado a ser utilizada para algunos integrantes de grupos armados ilegales. 

"Me parece que ahora hablando de voceros de paz es una figura en la que hay menos responsabilidad porque canalizan y son interlocutores, pero no tienen una responsabilidad especifica frente a la paz", señala Jaramillo.

Para leer: ¿Aprueba o desaprueba? Esto opinan los colombianos sobre la gestión del presidente Gustavo Petro

Además, el analista señala que, posiblemente, el Gobierno estaría tratando de evitar que "se genere la idea de que los individuos que sean liberados están siendo premiados". "(...) Aquí lo que se está diciendo es que no son criminales, sino que es gente con una circunstancia especial, por ende, son voceros y trasmiten una política pública en particular", agrega. 

En el decreto que fue firmado por algunos funcionarios del gobierno, como el ministro del Interior, Alfonso Prada y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se estipula que la Comisión se encargará de decidir "quiénes deben continuar o ser retirados como voceros, dependiendo del cumplimiento de sus obligaciones y condiciones". 

Al respecto, el catedrático de la Universidad Externado, Jaime Duarte, puntualiza que esta Comisión tendrá que "entrar a estudiar el valor estratégico de los miembros de la primera línea que serían liberados", esto porque la condición de voceros sugiere que tendrán que transmitir posiciones y argumentos de los grupos a los que representen, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Otro: Estas son las zonas de Colombia en las que el ELN tiene presencia, según Defensoría

"Podrían llegar a excarcelarse cumpliendo con la ley, pero al no ser voceros específicos del Gobierno tendrán que haberse constituido como voceros de algún grupo como el ELN, y deberán manejarse bajo los protocolos de esas vocerías", señala Duarte. 

Una firma pendiente

Varios analistas políticos consultados por NoticiasRCN.com concuerdan en que este decreto, que daría facultad para la liberación de miembros de la primera línea, plantea un gran debate sobre la justicia, las leyes y el orden social en el país.

Ahora bien, en el documento se pudo evidenciar que está pendiente la firma del presidente Gustavo Petro, él mismo que estaría la frente de la iniciativa, pero hay que precisar que se ordenó la creación de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz que será la encargada de determinar quienes pueden aportar y hacer parte del proceso como voceros. 

"Petro genera además una disputa muy innecesaria para el país en el marco de la separación de poderes y la creación de las herramientas legislativas necesarias para este tipo de propuestas y acciones de gobierno", indica Guillermo Henao, analista y estratega político.

No se pierda: Estos serían los disidentes detrás de la emboscada al Ejército en Cauca

Además, Henao sugiere que en el Ejecutivo está recayendo una gran responsabilidad y "abre un bache en el uso de la norma para beneficiar a personas que están siendo investigadas por delitos". Así por ejemplo, desde el partido Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que el "Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que contribuyó a su campaña".

Mientras que la senadora del Centro Democratico, Paloma Valencia, anunció que, desde la oposición, procederán a demandar el decreto. "Es abiertamente ilegal e inconstitucional, y interpondremos las acciones legales contra los firmantes. No pueden pasar por encima de la ley", afirmó por medio de su cuenta de Twitter.