Procuraduría advierte que suministro de alimentos para personas privadas de la libertad finalizará en junio

La Procuraduría General de la Nación emitió, en las recientes horas, una alerta sobre la inminente finalización del suministro de alimentos para al menos 13.314 Personas Privadas de la Libertad en los Centros de Detención Transitoria de 125 municipios.

Alerta de la Procuraduría: contrato de alimentación en Centros Transitorios de Detención finalizará en junio

Actualmente, este servicio es financiado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pero a partir del 30 de junio, su responsabilidad recaerá en las entidades territoriales.

Este llamado de atención surge debido a que, pese a que la ley otorgó a los municipios hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar sus planes de implementación ante el Ministerio de Justicia, al 24 de febrero de 2025, solo 59 han cumplido con este requisito.

“El llamado se hace tras determinar que, vencido el plazo dado por la ley a los 125 municipios (el 31 de diciembre de 2024), para presentarle al Ministerio de Justicia los planes de implementación del servicio de alimentación en dichos centros, a corte de 24 de febrero de 2025, solo 59 han cumplido con esta disposición legal”, se lee en el documento de la Procuraduría.

Los procuradores delegados para los Derechos Humanos y la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Néstor Osuna y Samuel Arrieta, recordaron que es obligación de las entidades territoriales asignar las partidas presupuestales necesarias para garantizar el funcionamiento de los centros de detención transitoria.

Personas privadas de la libertad tienen en vilo su alimentación a partir de junio

Esto incluye la provisión de raciones alimenticias y otros servicios esenciales para asegurar condiciones dignas de reclusión.

Ante esta situación, la Procuraduría ha convocado una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel para el 27 de febrero.

El objetivo de esta reunión será evaluar los avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en estos centros, con especial énfasis en el cumplimiento del mínimo constitucional de alimentación requerido para las personas privadas de la libertad.