Procuraduría alista sanciones en el caso Kevin Acosta por “interrupción injustificada” del tratamiento
La procuradora Sonia Patricia Téllez investiga a funcionarios de la Nueva EPS y al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por la muerte del niño que padecía hemofilia.
Yhonay Díaz
01:36 p. m.
La Procuraduría avanza en investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la Nueva EPS y el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas fallas administrativas que derivaron en la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia.
La investigación quedó en manos de la procuradora primera de Instrucción, Sonia Patricia Téllez, quien evalúa las responsabilidades del entonces director de la Nueva EPS y del exministro Jaramillo.
Según el informe de la delegada de salud de la Procuraduría, Mónica Ulloa, se comprobó una interrupción injustificada de tres meses en el suministro del medicamento vital para el menor.
La eventual responsabilidad de la Nueva EPS por la omisión administrativa grave al incumplir el suministro oportuno del medicamento indispensable para la supervivencia del menor Kevin Arley Acosta Pico.
Compulsan copias para investigar las deficiencias en el caso Kevin Acosta
El informe de la Procuraduría detalla que las deficiencias "afectaron directamente la atención del menor Kevin Acosta y generaron un riesgo vital que, lamentablemente, se materializó en su fallecimiento".
La muerte ocurrió tras un accidente, cuando la sangre del niño no pudo coagular debido a la hemofilia no tratada durante los tres meses anteriores.
La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para que investigue un presunto homicidio culposo en el que podrían estar involucrados funcionarios de la EPS y el exministro de Salud.
Advierten presuntas responsabilidades del exministro de Salud
El abogado de la familia advirtió sobre las posibles responsabilidades penales y disciplinarias que enfrentaría Jaramillo como el homicidio culposo.
Las delegadas disciplinarias de la Procuraduría evalúan la formulación de pliegos de cargos contra los investigados.
La investigación continúa su curso para determinar las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales correspondientes.