Procuraduría anunció que vigilara intervención de la empresa AIR-E para asegurar los derechos de los usuarios

La Procuraduría General de la Nación anunció este 13 de enero que ha iniciado un seguimiento preventivo y administrativo al proceso de intervención de AIR-E S.A.S. E.S.P., en respuesta a una solicitud realizada por el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Procuraduría hará seguimiento a intervención de la empresa AIR-E

Este esfuerzo busca asegurar la legalidad y el equilibrio en el sector eléctrico, según lo planteado en la comunicación remitida por EPM.

La intervención se enfoca en el rol de entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.

Según EPM, las decisiones de estas autoridades podrían alterar el equilibrio del sector, afectando la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes del mercado eléctrico.

“La complejidad de esta intervención radica en su potencial efecto dominó sobre el mercado eléctrico, dado que las decisiones tomadas por las autoridades que se describen en el presente escrito, desconociendo el régimen constitucional y legal, evidencian una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”, se lee en el comunicado.

Equipo de la Procuraduría supervisará intervención de AIR-E

En respuesta, la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, emitió la Resolución No. 405 del 4 de diciembre de 2024, que designa un equipo especializado para supervisar y garantizar que las actuaciones administrativas respeten el marco jurídico.

Además, para promover la transparencia, se ha convocado una mesa de trabajo presencial en la sede de la Procuraduría General en Bogotá, programada para este 13 de enero de 2025.

En esta reunión, se abordará el estado actual del proceso de intervención y se buscarán alternativas para mitigar impactos negativos en el mercado eléctrico.

“Los funcionarios designados trabajarán de forma coordinada para garantizar que las actuaciones administrativas en curso sean conformes con el orden jurídico y que el proceso de intervención sea debidamente monitoreado”, finaliza el documento.