Procuraduría con la lupa puesta sobre actividades de minería ilegal en el país
El ente citó a las autoridades ambientales a una mesa para evaluar las estrategias en contra de esta actividad ilegal.
Noticias RCN
04:43 p. m.
La Procuraduría General de la Nación alertó recientemente por las eventuales repercusiones que tendría la decisión emitida por la Presidencia de la República, de prohibir los proyectos mineros que se desarrollan en los municipios de Jericó y Támesis, en el suroeste antioqueño.
En consecuencia, el Ministerio Público pidió al director del Dapre, Mauricio Lizcano, enviar los fundamentos técnicos, normativos y de política pública tenidos en cuenta para tomar tal decisión.
Además, la entidad exigió a Lizcano “referenciar el acta de relatoría de la sesión de las declaraciones públicas” emitidas durante los Diálogos Regionales Vinculantes instaurados por el Gobierno en esta zona del país.
Asimismo, las órdenes administrativas del Gobierno y de las autoridades ambientales, tendrán que llegar a manos de la Procuraduría, junto a la confirmación de si fueron o no desarrollados los procesos participativos antes de la toma de determinación.
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¿Cuáles son los motivos de la Procuraduría?
A través de un comunicado publicado este 24 de enero, la Procuraduría aseguró que con esta petición al Departamento Administrativo de la Presidencia se espera evaluar los fundamentos y las eventuales implicaciones de este anuncio sobre el pueblo antioqueño.
Lo fundamental para el ente regulador es señalar si la prohibición de proyectos mineros en los municipios mencionados está en línea con el otorgamiento de licencias ambientales y cumple con la garantía del debido proceso y la rigurosidad de las investigaciones técnicas, científicas y demás lineamientos relacionados en el Acuerdo de Escazú.
Alerta por aumento en niveles de mercurio
Por otra parte, la Procuraduría alertó por el uso de mercurio en algunas zonas en las que se ejecutan labores de minería ilegal, sobre todo en departamentos como Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá.
El punto de la alarma radica en los daños ambientales, sociales y de salud para las comunidades que puede generar el uso indiscriminado de ese componente químico que contamina en gran medida los cuerpos de agua.
Adicionalmente, la entidad se refirió al aumento de la deforestación, sobre todo en zonas específicas del bajo Cauca antioqueño, como consecuencia de lo operativos de destrucción y decomiso de maquinarias usadas en actividades de minería ilegal.
Finalmente, las autoridades ambientales fueron citadas para el próximo 26 de enero, a una mesa técnica para discutir las estrategias a implementar frente a las emergencias ambientales por contaminación con mercurio.