Procuraduría denunció uso de niños como escudos humanos en protestas Emberá: Fiscalía ya investiga
El procurador general llevó el caso ante la Fiscalía tras la difusión de videos en los que se evidenciaría la instrumentalización de menores.
Noticias RCN
06:26 p. m.
Recientemente se difundieron videos en donde se observa a niños y adolescentes en medio de protestas protagonizadas por integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío.
Las imágenes provocaron rechazo inmediato por la presunta utilización de menores como escudos humanos dentro de las manifestaciones, una situación que desde distintos sectores ha sido calificada como una grave vulneración de derechos.
Ante estos hechos, el procurador, Gregorio Eljach, radicó personalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la instrumentalización de los menores y se determine la responsabilidad de quienes estarían detrás de estos hechos.
Procuraduría denunció uso de niños como escudos humanos en protestas Emberá
La delegada de infancia y adolescencia, María Fernanda Rangel, explicó que la denuncia se fundamenta en la evidencia visual que circuló en redes sociales, donde, según señaló, se observa claramente la participación de menores dentro de los hechos de protesta.
Claro, el señor procurador general Dr. Gregorio, teniendo en cuenta la evidencia, los videos que circularon en red donde claramente hay una instrumentalización de menores de edad en el marco de la protesta. Esto es indignante
La funcionaria manifestó el rechazo absoluto del Ministerio Público frente a estas conductas y recordó que este tipo de hechos están plenamente tipificados dentro de la legislación penal colombiana.
Desde el Ministerio Público manifestamos nuestro rechazo toda vez que en el Código Penal está tipificado este tipo de conductas.
Además, recordó que el Código de Infancia y Adolescencia establece de forma expresa la protección reforzada de los derechos de niñas, niños y adolescentes, rechazando cualquier forma de utilización instrumental de menores.
Desde la perspectiva del derecho internacional, Rangel aseguró que este tipo de acciones constituyen una agresión directa contra la vida y la integridad de los menores.
Es una violencia rotunda contra su vida e integridad. Eso lo establecen los tratados internacionales, nacionales y también nuestra legislación interna.
La funcionaria fue enfática en señalar que utilizar menores como escudos humanos constituye una violación grave de derechos fundamentales.
La instrumentalización, utilizarlos como escudos humanos, es totalmente una violación de los derechos de esas niñas, niños y adolescentes.
Pero la preocupación de las autoridades va más allá del momento puntual de las protestas.
Menores llevarían 15 días participando en las protestas
Según explicó, estos menores llevan aproximadamente 15 días expuestos a múltiples peligros en asentamientos improvisados en la calle, sin que la institucionalidad haya podido intervenir plenamente.
Esto ha impedido que entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realicen verificaciones sobre su estado de salud y condiciones de protección.
No se ha podido hacer un tamizaje de esos niños. No se ha podido verificar sus derechos por parte del ICBF.
La Procuraduría advirtió que los menores estarían expuestos a desnutrición, enfermedades asociadas a la falta de alimentación adecuada y también a enfermedades respiratorias derivadas de las condiciones en las que permanecen.
Están expuestos a desnutrición, a enfermedades asociadas a la desnutrición, pero también a enfermedades con riesgos respiratorios.
Frente a la discusión sobre la jurisdicción aplicable y la autonomía de las comunidades indígenas, María Fernanda Rangel fue clara en afirmar que en este caso prevalece la legislación penal ordinaria.
Prima la legislación penal, porque aquí, como lo dije anteriormente, están por encima los derechos de niñas y niños sobre el principio de autonomía en las comunidades indígenas.
Por esa razón, el procurador Gregorio Eljach decidió instaurar formalmente la denuncia penal y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
El objetivo es que se adelanten investigaciones efectivas, se determinen responsabilidades y se restablezcan de manera urgente los derechos de los menores afectados.
Ahora será la Fiscalía la encargada de definir si existen méritos suficientes para imputar a las personas que habrían instrumentalizado a los niños dentro de estas protestas.