Procuraduría fortalece la estrategia paz electoral y hace un llamado al respeto por la democracia

Mediante la estrategia ‘Paz Electoral’, el Ministerio Público busca frenar radicalmente la participación en política de servidores públicos, emitiendo directrices estrictas para proteger nuestra democracia.

¿En qué consiste la estrategia Paz Electoral de la Procuraduría?

Con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación ha decidido intensificar sus acciones preventivas y de control. Para ello, continúa fortaleciendo su gran apuesta institucional denominada Paz Electoral, una iniciativa diseñada específicamente para blindar la democracia colombiana, asegurar la transparencia absoluta de los comicios y promover un respeto irrestricto por la decisión de los ciudadanos en las urnas.

El escenario político actual exige garantías de alto nivel. Por esta razón, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió un contundente llamado dirigido a todos los sectores de la sociedad, exigiendo que la contienda presidencial se desarrolle bajo un clima de total tranquilidad y respeto por el marco legal.

Lo más importante es que todos los estamentos de la sociedad y la ciudadanía respeten los resultados de las urnas. Es la Constitución la que venimos defendiendo y eso ayuda a fortalecer la democracia

Enfatizó el jefe del Ministerio Público.

Esta estrategia no se queda solo en Bogotá. El Ministerio Público ha desplegado un intenso trabajo pedagógico en las regiones, llevando un mensaje claro que busca fortalecer la convivencia democrática y motivar una participación ciudadana activa y vigilante.

"La línea que no se cruza": prohibiciones para servidores públicos

Uno de los pilares de esta ofensiva institucional es la campaña “La línea que no se cruza”. Su objetivo principal es alertar y prevenir la indebida participación en política por parte de quienes ejercen cargos públicos.

La ley colombiana es estricta respecto a lo que un funcionario del Estado puede y no puede hacer durante la época de elecciones presidenciales. La Procuraduría advirtió que incurrir en estas faltas acarrea graves sanciones disciplinarias.

Esas son las conductas estrictamente prohibidas:

• Financiar, promover o impulsar campañas políticas desde sus respectivos cargos.
• Ejercer cualquier tipo de presión sobre funcionarios o subalternos para forzar el apoyo a candidatos específicos.
• Desviar o utilizar recursos públicos (físicos, financieros o tecnológicos) en actividades proselitistas.
• Difundir propaganda electoral desde las sedes o canales oficiales de las entidades del Estado.
• Favorecer causas o partidos políticos valiéndose de la influencia del aparato estatal.
• Utilizar información reservada o privilegiada con fines netamente electorales.