Procuraduría inhabilita a cinco policías por obstaculizar investigación tras muerte de Diego Felipe Becerra

Para la Procuraduría, dos de los suboficiales involucrados en el caso estuvieron el suficiente tiempo en la escena del crimen para identificar lo que realmente había sucedido.


Noticias RCN

ene 18 de 2018
04:21 p. m.

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La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 12 años contra tres uniformados de la Policía por entorpecer la investigación sobre la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra ocurrida el 19 de agosto de 2011.

Se trata del subintendente Juan Carlos Leal Barrero, y de los patrulleros, Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez Castillo, quienes habían solicitado revocar la sanción en agosto de 2016.

Otros dos oficiales de esa institución, el coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, y el subteniente Rosemberg Madrid Orozco, también fueron inhabilitados.

La Sala Disciplinaria encontró que los oficiales tuvieron responsabilidad en dificultar la investigación al permitir que se alterara la escena del crimen para evadir la responsabilidad del expatrullero Wilmer Alarcón quien fue el que disparó contra la humanidad del joven.

La Procuraduría reviso la impugnación presentada por los padres de la víctima quienes consideraban que todos los involucrados en la alteración de la escena del crimen debían ser sancionados.

El ente disciplinario reprochó la actuación del coronel y el subteniente, quienes estuvieron presentes en la escena del crimen durante el tiempo suficiente para conocer con claridad lo sucedido y que en vez de proteger la escena del crimen hasta que llegara el CTI, consintieran en su alteración.

Los investigadores lograron llegar al lugar del crimen después de 4 horas de que este había ocurrido.

Frente a la situación de los tres suboficiales, la Procuraduría logró corroborar que sí cometieron falta disciplinara al alterar la escena, propiciar una demora injustificada en la entrega de la escena al CTI y acordar un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos.

Ante la gravedad de lo sucedido, el ente de control calificó la conducta de los uniformados como gravísima a título de dolo.

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