Procuraduría investiga presuntas irregularidades en millonario contrato de drones para la Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato celebrado en 2022 para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional.

La actuación busca establecer si existieron deficiencias durante el proceso de selección del contratista y en la supervisión del contrato, cuyo valor supera los $3.700 millones.

¿Qué investiga la Procuraduría en el contrato de drones para la Policía Nacional?

De acuerdo con la información oficial, la investigación disciplinaria involucra a funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA).

Los investigados son el coronel (RP) Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes desempeñaban distintos cargos relacionados con el proceso contractual para la época de los hechos.

El expediente se centra en la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART) para la Policía Nacional. La Procuraduría pretende determinar si la formulación de los factores de selección del contratista presentó posibles deficiencias y si la vigilancia y el control del contrato fueron insuficientes, circunstancias que habrían podido incidir en un eventual incumplimiento contractual.

¿Quiénes fueron vinculados a la investigación disciplinaria?

Según informó la Procuraduría, los servidores vinculados ejercían funciones directamente relacionadas con el contrato. Didier Alberto Estrada Álvarez se desempeñó como director general del FORPO; Alhejandra Sepúlveda Figueroa fue coordinadora del CIPPA; Ismael de Aguas Boea actuó como verificador de información de ese organismo, mientras que Edwin Arley Espejo Navarro ejerció como supervisor del contrato por parte del FORPO.

Con la apertura de esta investigación disciplinaria, el Ministerio Público adelantará las actuaciones correspondientes para establecer si existieron irregularidades durante la contratación y ejecución del proyecto de adquisición de drones para la Policía Nacional. La decisión se enmarca en las funciones de control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación sobre la actuación de los servidores públicos.