Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato de alimentación para reclusos
El contrato contempla el suministro de desayuno, almuerzo, cena y refrigerio para los internos de los establecimientos penitenciarios.
Noticias RCN
01:30 p. m.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por posibles irregularidades en un contrato de alimentación destinado a personas privadas de la libertad en la región oriental de Colombia, cuyo valor supera los $42 mil millones.
Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato de alimentación para reclusos
El contrato, de carácter bilateral, contempla el suministro de desayuno, almuerzo, cena y refrigerio para los internos de los establecimientos penitenciarios, estaciones de Policía y centros transitorios de detención que se encuentran bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la USPEC.
Según una denuncia recibida por el Ministerio Público, habría inconsistencias en la ejecución del contrato, específicamente en lo relacionado con la planta de producción de alimentos que, de acuerdo con los documentos contractuales, estaría ubicada en el barrio Comuneros de Cúcuta, Norte de Santander.
Sin embargo, se presume que la preparación de los alimentos se realiza en un lugar distinto al establecido oficialmente.
Ante estos señalamientos, la Procuraduría segunda delegada para la Contratación Estatal ordenó la recolección de pruebas documentales a la USPEC, con el fin de determinar el estado actual del contrato y verificar si se están cumpliendo los términos acordados.
Funcionarios de la USPEC, bajo la lupa por presuntas anomalías en suministro de alimentos a reclusos
Asimismo, solicitó información a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de San José de Cúcuta para conocer el concepto sanitario sobre las condiciones del establecimiento donde se elaboran los alimentos.
La investigación busca establecer si existieron fallas en la supervisión o ejecución del contrato y determinar posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados.