La Procuraduría solicitó que la JEP analice los falsos positivos urbanos de Medellín

En la mañana de este 16 de abril, la Procuraduría General de la Nación le hizo una nueva solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su pedido exacto es que los falsos positivos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín y en la región del Valle de Aburrá, sean investigados como un nuevo patrón macrocriminal.

Lo que la entidad espera con esta medida es que pueda esclarecerse lo que pasó con esos casos para, posteriormente, encontrar a los máximos responsables y avanzar con los aspectos judiciales.

“Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar y, de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad”, enfatiza la Procuraduría.

¿Cuáles son los argumentos en los que se basa la Procuraduría General de la Nación?

Desde el análisis de Jairo Acosta, delegado de la Procuraduría ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en estos falsos positivos hubo un actuar específico al momento de decidir el tipo de víctimas, analizar el contexto y llevar a cabo los homicidios.

Además, él ha podido descubrir que al menos 26 casos ocurridos en esos territorios no aparecen en los registros oficiales porque, al parecer, no fueron evaluados desde esa perspectiva que propone la Procuraduría.

“La alta afectación en Medellín, en comparación con los otros municipios, es un indicador de que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención”, explica también la entidad.

A raíz de esa situación, consideran necesario que se tenga en cuenta un nuevo patrón de modalidad para evitar revictimizaciones y faltas de reparación.

¿Qué más le solicitó la Procuraduría General de la Nación a la JEP?

Para la Procuraduría General de la Nación, liderada por Margarita Cabello, es fundamental que, en cuanto al caso de asesinatos y desapariciones forzadas, se evalúe si hubo hechos que estén relacionados estrictamente con violencias basadas en género.

Asimismo, que todas las víctimas sean tenidas en cuenta y no existan fragmentaciones.