Procuraduría pide la suspensión de la venta de Isagen

Según el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ese organismo pidió la suspensión de la venta de Isagen "hasta que se verifique, de acuerdo a los criterios técnicos adecuados y apropiados, cuál va a ser la afectación al patrimonio público".

La Procuraduría considera que no hay estudios que den cuenta del costo de la empresa de energía, razón por la que se desconocen los riesgos con su eventual venta.

El Estado es dueño del 57,66 % de Isagen, la tercera empresa del país en generación de energía.

El pasado 29 de julio, el consejo de ministros autorizó la venta de las acciones de la nación en Isagen, operación con la que espera recaudar 4,5 billones de pesos (unos 2.385 millones de dólares) que el Gobierno dice que invertirá en infraestructuras.

La voz del ministerio público se une a otras que han expresado su oposición a la venta de Isagen por considerar que no hay claridad al respecto y que no es ventajoso para el Estado salir de ella, al menos en este momento.

Hace algunas semanas ese mismo tribunal ordenó al Gobierno suspender la venta de la participación del Estado en la compañía mientras estudia y resuelve una acción judicial presentada por el expresidente Álvaro Uribe.

Según la querella, el consejo de ministros autorizó la venta "sin tener en cuenta la utilidad que (la empresa) representa para la Nación, los dividendos que genera a favor anualmente y el beneficio social".

La demanda señala además que la operación pone en riesgo los derechos colectivos de la defensa del patrimonio público y otros derechos.

Adicional a esta demanda, la semana pasada un grupo de exfuncionarios del Estado, académicos, políticos y líderes  sindicales creó un comité para evitar que el Gobierno venda su participación en Isagen.