Procurador no descarta apelar la sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc
Eljach advirtió que las observaciones realizadas por la entidad no fueron contempladas por el alto tribunal.
Noticias RCN
11:14 a. m.
A 24 horas de que el país conociera la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el exsecretariado de las Farc, el procurador general, Gregorio Eljach, advirtió que la entidad podría apelar la decisión, debido a que varias de sus observaciones no fueron tenidas en cuenta:
“No se conoce, oficialmente, el texto de esa sentencia en ocho años. Tenemos listo a nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso, no descartamos que haya alguna medida de apelación ante o que se decidió en ese fallo”.
Víctimas no están conformes:
Tan pronto como se dio a conocer la sentencia, las víctimas mostraron su descontento. La presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), Sofía Gaviria, señaló:
“La jurisdicción especial no está juzgando proporcional y adecuadamente a estos criminales de lesa humanidad que diseñaron una política sistemática de secuestro, de asesinato, de desaparición, de reclutamiento”.
Y fue más allá, al decir que “el fallo demuestra que no solamente no estábamos equivocados al no tener ninguna expectativa con la JEP. Se ha convertido en una lavandería de los criminales de las Farc”.
¿Qué dice la sentencia de la JEP?
La sentencia de la JEP establece una sanción restaurativa de ocho años en contra de los siete miembros del exsecretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
El fallo los obliga a trabajar en cuatro puntos hasta el 2032: 1. Contribuir en la búsqueda de desaparecidos, 2. Vincularse al proyecto de acción integral contra minas antipersona 3. Reparar los daños causados al medio ambiente y 4. Aportar a la reparación simbólica del país, a cambio de no perder sus beneficios.
Durante los ocho años de sanción, serán monitoreados y tendrán restricciones en materia de movilidad, entre otros, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, como el asesinato, la tortura, desaparición forzada y violencia sexual contra las víctimas del conflicto.