Procuraduría pone la lupa sobre Daniel Quintero por presuntas irregularidades en pólizas de Hidroituango
La entidad también investiga al alcalde de Medellín por un proyecto de tecnología que abandera su administración y que tendría demoras en su avance.
Noticias RCN
06:48 a. m.
La Procuraduría puso la lupa sobre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, porque al parecer, ambos funcionarios habrían omitido su responsabilidad de comprar un seguro todo riesgo para Hidroituango, cuando aún era un proyecto en 2021.
El Ministerio público ordenó investigar preliminarmente y analizar las pruebas que demostraran la falta al deber que tenían los funcionarios de asegurar el megaproyecto contra cualquier tipo de riesgo. Esto teniendo en cuenta que desde la UNGRD se alertó sobre los problemas encontrados por la inestabilidad del macizo rocoso que podría causar un colapso en el terreno.
“La UNGRD solicitó al Servicio Geológico Colombiano una inspección en el proyecto, cuyo informe arrojó que se identificaron problemas de inestabilidad en la presa y dificultades de erosión en las áreas subterráneas, por lo que recomendó realizar una serie de estudios adicionales para confirmar las condiciones del macizo”, explicó la entidad encargada de evaluar los riesgos.
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La Procuraduría además pidió informar la decisión a Quintero y Carrillo. “Notificar personalmente a través de la secretaría de este despacho la presente decisión a Daniel Quintero Calle y Jorge Andrés Carrillo Cardoso o los defensores que designen (…) En el acto de notificación se informarán las facultades y derechos que les asisten”, se lee en una resolución compartida a través de redes sociales.
Otra investigación a Daniel Quintero por el proyecto “Valle del Software”
Uno de los proyectos que abanderan la administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, será investigado por la Procuraduría General de la Nación. Así lo informó la entidad.
La iniciativa de Quintero, conocida como Valle del Software, tendría irregularidades en su avance, por el presunto incumplimiento en la entrega de algunos de los 21 centros territoriales que se planteaban para promover el uso de las tecnologías y la creación de emprendimientos e innovación.
Para llevar a cabo la investigación, el Ministerio Público pidió a la administración local información sobre los contratos, los servidores públicos y cualquier anomalía que haya habido en la fase inicial, la celebración y ejecución del proyecto.