Procuraduría reveló informe a la JEP sobre 522 víctimas que murieron en secuestros por Farc
Este lunes, los exjefes de las Farc reconocieron su responsabilidad por secuestros ante la JEP.
Noticias RCN
04:44 p. m.
Este lunes, la Procuraduría presentó un informe ante la JEP sobre 522 víctimas del conflicto armando que murieron en cautiverio, y demandó que frente a estos casos los antiguos miembros de las Farc aporten la verdad a la que se comprometieron en el Acuerdo de Paz.
"La verdadera reparación a las víctimas de más de cinco décadas de guerra, exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro. Las declaraciones ante la JEP no se pueden quedar en simples relatos de casos. Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos”, puntualizó Fernando Carrillo Flórez, Procurador General.
El informe señala que es necesario "aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, señala el informe.
Durante la audiencia, once exjefes de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Julián Gallo y Pablo Catatumbo comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconocieron su "responsabilidad colectiva ética y política" por haber cometido secuestros durante el conflicto armado.
En el Tribunal Especial, 'Timochenko', jefe del actual partido político, manifestó:
Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica
Además, por primera vez llamó al secuestro por este nombre, si bien en ocasiones lo alternó con el de "retenciones", tal y como lo denominaron mientras estaban en armas.
"Estamos registrando un acto histórico. Estamos realizando lo que soñamos en La Habana. Estamos a través de este mecanismo de la JEP respondiendo con la verdad frente a uno de los hechos que más lamentamos que se dieron en el desarrollo de esta confrontación", afirmó Londoño a periodistas tras participar en la audiencia.
Londoño acudió ante los magistrados junto a Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Parra, Rodrigo Granda, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Juan Cabrera, Milton de Jesús Toncel, Abelardo Caicedo y Julián Gallo.
Todos los exjefes guerrilleros se presentaron con sus abogados con la idea de "acercarse a las víctimas para pedir perdón por los errores cometidos", entre los que se encuentran el secuestro.
No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz, las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos a construir lo que fueron las Farc
La audiencia de los exguerrilleros se realizó como parte del primer caso abierto por ese tribunal especial y que se suma a otros con los que se indaga sobre ejecuciones extrajudiciales y el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), entre otros.
Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre resaltó que estos once exlíderes se presentaran a la sesión y mostraran su interés para ayudar a esclarecer este caso, en el que la JEP tiene a "862 personas comparecientes".
"Quería recalcar que esta diligencia de hoy es la recepción de la versión colectiva. Es realmente un logro del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, es la primera vez que estas personas que estaban sentadas aquí acuden a la justicia", afirmó la togada.
Lemaitre afirmó que los magistrados estudiarán la versión de los exguerrilleros y decidirán si alguno de ellos no aportó a la verdad, por lo que se le podría imponer penas de hasta 20 años de cárcel, mientras que quienes lo hagan recibirán penas de la "justicia restaurativa" como obras comunitarias.