Exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en problemas por presunto proselitismo político

Foto: Alcaldía de Medellín.

Los funcionarios en cuestión son: Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social, Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Agudelo, exsecretario de Gestión de Bienes.


Noticias RCN

jun 04 de 2024
12:21 p. m.

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La Procuraduría profirió pliego de cargos contra varios exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por presunto proselitismo político.

¿Quiénes son los funcionarios?

La entidad le profirió pliego de cargos al exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente haberse aprovechado de su cargo para ejercer presión sobre sus subalternos para respaldar una causa política.

De igual forma, se le profirió pliego de cargos a los exsubsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, y de Gestión de Bienes, Fredy Agudelo Bolívar.

Ramírez y Pulgarín estuvieron en la administración de Quintero entre 2021 y 2022. Mientras que Agudelo solamente estuvo en 2021.

Según dio a conocer la Procuraduría, los exfuncionarios habrían organizado una reunión el 8 de agosto de 2021, en la cual habrían incurrido en proselitismo político al pedir aportes económicos para respaldar causas políticas.

Los exfuncionarios habrían pedido dinero para pertenecer a ‘El futuro se parece a nosotros’

Para el caso puntual de Ramírez, el exsecretario “aparentemente se valió de su mando y cargo al interior de la Alcaldía para ejercer una fuerza determinadora orientada a conseguir de los servidores asistentes no solamente la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la corporación o fundación ‘El futuro se parece a nosotros’”. Pulgarín y Agudelo habrían contribuido en estos hechos.

En ese orden de ideas, los aportes habrían oscilado de 300.000 a 1.000.000 de pesos y presuntamente fueron solicitados a servidores públicos como membresía para hacer parte de la corporación.

Bajo este contexto, la Procuraduría señaló que los cargos que tenían los exfuncionarios no les permitía impulsar, presentar o promocionar organizaciones de carácter particular, ni tampoco fomentar el aporte de dinero a servidores públicos.

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