Proyecto del SGP en la cuerda floja: denuncian vicio de trámite y posible desbalance fiscal

El proyecto del Sistema General de Participaciones (SGP) ha sido motivo de controversia desde su radicación a comienzos de este año.

Aunque esta reforma busca modificar la distribución de recursos entre la Nación y las entidades territoriales, el proceso legislativo ha estado marcado por señalamientos de irregularidades y advertencias sobre su impacto fiscal.

La discusión, que comenzó con una fuerte carga política, ahora enfrenta un posible vicio de trámite que podría invalidar todo el proceso.

Proyecto del Sistema General de Participaciones en la cuerda floja

El proyecto fue presentado formalmente a principios de 2024 y, en febrero, se designaron los ponentes encargados de liderar la discusión en el Congreso. Sin embargo, aquí surgió la primera gran polémica.

Con la modificación de los períodos legislativos, quedó estipulado que ningún acto legislativo puede ser tramitado antes del 16 de marzo. Esta regla implica que cualquier movimiento previo a esa fecha sería considerado extemporáneo.

Según varios analistas legales, la designación de ponentes en febrero habría violado esta disposición, lo que viciaría el trámite desde su inicio.

Este posible vicio no es menor. Algunos sectores consideran que se trata de una interpretación exagerada de la normativa, mientras que otros afirman que la irregularidad es insalvable.

De ser así, el proyecto podría ser declarado nulo, lo que representaría un duro golpe para los promotores de la reforma y generaría un vacío en la discusión sobre la distribución de recursos en el país.

¿Por qué el ministro de Hacienda y el director nacional de Planeación no estuvieron en el debate?

Otro punto que ha generado controversia es la postura del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues durante las sesiones cruciales del debate, ni el ministro Ricardo Bonilla ni el director del DNP estuvieron presentes en el Congreso.

Esta ausencia llamó la atención, ya que ambas entidades son responsables de evaluar el impacto económico de cualquier reforma que involucre recursos públicos.

Un documento del Ministerio de Hacienda, fechado en mayo, advirtió que el proyecto del SGP podría generar un desbalance fiscal.

Según este concepto, la iniciativa pondría en riesgo la inversión social y afectaría la provisión, calidad y continuidad de los servicios públicos.

Esta posición generó más incertidumbre, ya que Hacienda y Planeación no parecían estar alineados con la propuesta.

No obstante, en los últimos días, la situación dio un giro. Aunque el ministro Bonilla y el director del DNP continuaron ausentes, técnicos de ambas entidades participaron en las últimas sesiones del Congreso.

Estos funcionarios presentaron un informe detallado en el que despejaron algunas de las principales dudas sobre el proyecto. Una de las aclaraciones más importantes está relacionada con la Ley de Competencias, que se espera tramitar el próximo año.

Esta ley pretende transferir responsabilidades del gobierno central a los gobiernos locales, lo que sería un complemento esencial para la reforma del SGP.

Sin la aprobación de esta ley, el nuevo sistema de participación no podría implementarse de manera efectiva.