¿Qué debe hacer el Estado ante las denuncias de acoso a funcionarios?

Panelistas de La Mesa Ancha analizaron las implicaciones de las acusaciones contra Diego Cancino, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y otros funcionarios. Discuten la necesidad de la aplicación de políticas públicas y sanciones ejemplares en casos de acoso.

Las recientes denuncias de acoso sexual que involucrarían a altos funcionarios del gobierno colombiano han generado un intenso debate sobre la respuesta del Estado ante estos casos. El escándalo más reciente involucra a Diego Cancino, actual director de la SAE y exviceministro del Interior, quien enfrenta acusaciones de acoso sexual.

Este caso se suma a una serie de denuncias similares contra otros funcionarios del Gobierno, lo que ha llevado a cuestionar la “normalización” de estas conductas y la efectividad de los mecanismos de prevención y sanción.

La posición del Gobierno ante casos de acoso sexual

Juana Afanador, analista política, señaló que "lo que está pasando con Diego Cancino es totalmente alucinante. Sale una denuncia, el ministro Cristo sale a apoyar a la víctima, que es lo que debió haber hecho todo el Gobierno, no solo un ministro (…) primero que debieron haber hecho fue pedirle la renuncia a Cancino".

Se refirió a la gravedad de la situación, destacando que el acoso no se limita al ámbito gubernamental, sino que es una realidad que enfrentan las mujeres en diversos espacios laborales y educativos.

Además, hizo especial énfasis en la “normalización” de estas conductas como un problema arraigado en la sociedad colombiana.

Mientras que, el jurista Pedro Medellín explicó la complejidad del fenómeno conocido como ‘promoción canapé’, donde los favores sexuales se intercambian por ascensos o beneficios laborales.

Hemos llegado a una normalización de las situaciones, en donde más o menos lo que llaman la promoción canapé es la forma de ascender en muchos cargos públicos, incluso en las universidades.

Julio César Iglesias, criticó la aparente doble moral del Gobierno en su respuesta a las denuncias de acoso que se han destapado recientemente.

"Frente al señor César Lorduy, por ejemplo, que es un enemigo político del presidente, pues la reacción fue contundente por parte de la cabeza del jefe de Estado (…) frente a su amigo Holman Morris, que carga denuncias de acoso sexual desde hace años (…) pues tampoco hubo ninguna reacción y probablemente va a ser ratificado", dijo.

¿Qué debe hacer el Gobierno ante casos de acoso que involucrarían a funcionarios?

Los analistas coincidieron en la necesidad de implementar políticas públicas para prevenir y sancionar el acoso sexual, así como la importancia de que estos casos sean tratados de manera ejemplar, independientemente de la posición política de los señalados.

Pedro Medellín resaltó que la gravedad del problema va más allá de los casos mediáticos, puesto que este tipo de casos solo tiene relevancia cuando se trata de una figura pública, o del cargo que ostenta.

Es cuando las personas tienen una visibilidad pública, pero qué pasa cuando una víctima de acoso no es agredida por una persona pública.

Aseguró que entre enero y junio hubo casi 4.000 niños violentados sexualmente entre 0 y 9 años, según los datos de Medicina Legal. “Algo pasa”.

"El caso de Diego Cancino desafía al gobierno colombiano a tomar una postura clara en casos de acoso sexual", indicó Medellín.

Las denuncias de acoso sexual en altos cargos públicos ponen de manifiesto la necesidad de abordar el problema de manera integral, con políticas públicas, rutas de atención y sanciones ejemplares que permitan hacerle frente a estas conductas que atentan contra las mujeres en todos los ámbitos.