¿Qué podría hacer el gobierno con los enfrentamientos en el Catatumbo?
En La Mesa Ancha los panelistas discuten sobre la situación bélica en el Norte de Santander debido a enfrentamientos entre el ELN y las disidencias Farc.
La región del Catatumbo, en el Norte de Santander, Colombia, se encuentra una vez más en el epicentro de un conflicto armado que ha desatado una crisis humanitaria y de seguridad.
Los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han dejado al menos 23 muertos confirmados, incluidos cinco firmantes del acuerdo de paz de 2016. Además, las comunidades locales han sufrido confinamientos, secuestros y desplazamientos forzados, creando un ambiente de terror e incertidumbre.
Para los analistas, la escalada de violencia ha dejado al descubierto la fragilidad de los procesos de paz que el gobierno colombiano intenta adelantar con estos grupos armados.
El impacto del conflicto armado y la paz en Norte de Santander
Juana Afanador asegura que, según declaraciones del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, los años de tregua en la región habían estado motivados por la posibilidad de negociaciones con los grupos armados, sin embargo, esta paz ha colapsado ante la falta de progreso tangible, permitiendo que la violencia regrese con intensidad renovada.
Por otro lado, Julio César Iglesias, señala que la región del Catatumbo, que limita con Venezuela, un país acusado de tolerar actividades de narcotráfico y terrorismo, se ha convertido en un terreno fértil para las operaciones de grupos armados ilegales que compiten por el control territorial. La cercanía a la frontera y el acceso a rutas de tráfico ilícito han convertido esta zona en un corredor estratégico disputado por múltiples actores.
"Es un riesgo estratégico tener un gobierno que permite, que ayuda a grupos terroristas, que además son grupos narcotraficantes, a tener unas rutas", aseguró Iglesias.
¿Qué podría seguir con la paz ahora con la crisis en Catatumbo?
La situación ha generado críticas al enfoque del gobierno de buscar soluciones a través del diálogo. Se cuestiona la efectividad de las mesas de negociación cuando el trasfondo del conflicto parece ser principalmente económico, ligado al narcotráfico y otras economías ilícitas.
“El gobierno en su buena intención quiere mantener estas mesas de diálogo, pero es absurdo porque no hay esa voluntad, por lo menos cese la violencia, sino que entre estos grupos no puede haber ninguna clase de conflictos”, aseguró el analista invitado Horacio José Serpa quien dice que el gobierno sí debe dar un ultimátum a la estructura armada con la que adelanta las conversaciones.
Frente a esta crisis humanitaria, Serpa insiste en la necesidad urgente de establecer corredores humanitarios para proteger a la población civil. Sin embargo, los analistas advierten que esto podría interpretarse como un reconocimiento del control territorial que ejercen estos grupos armados en la región.
El panorama se complica aún más al considerar que no solo se trata de negociar ceses al fuego entre el Estado y los grupos armados, sino también de buscar mecanismos para que estos grupos cesen las hostilidades entre sí.