¿Qué es el Acuerdo de Escazú? ABC para entender sus bases

ABC para entender el Acuerdo de Escazú | Foto: AFP

En el Senado fue aprobada la ratificación de este acuerdo para Colombia. Ahora dependerá de la Cámara y la Corte Constitucional la decisión definitiva.


Noticias RCN

jul 27 de 2022
08:54 a. m.

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Con 73 votos a favor y 22 en contra el Acuerdo de Escazú fue ratificado por el Senado de la Republica y ahora pasará a debate a la Cámara de Representantes, que de ser aprobado irá a la Corte Constitucional para iniciar su implementación.

El tratado está enfocado en el medio ambiente, la información y la protección de líderes ambientales, un tema que para Colombia es bastaste álgido porque en 2020 el país fue la nación con más líderes ambientales asesinados en el mundo.

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¿De qué trata el Acuerdo de Escazú?

Este acuerdo fue firmado en Escazú, Costa Rica, por 24 países de Latinoamérica en 2018, entre los que se encuentra Colombia. Y se convirtió en el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, que por ahora ha sido ratificado por 13 naciones en total.

Las bases de este acuerdo son tres: el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Es decir, poner más herramientas para que todo el mundo tenga conocimiento y posibilidades de entender qué se está haciendo en temas medio ambientales durante la implementación de proyectos de desarrollo, además de opciones de defensa y justicia.

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Para entenderlo mejor veamos a fondo las intenciones de cada punto:

  • Acceso a la información: si bien los proyectos ambientales deben ser divulgados, muchas veces están llenos de apartados técnicos y especializados que para las comunidades no queda claro lo que va a pasar, y mucho menos cómo los va a afectar. Así que el acuerdo busca que todas las personas puedan conocer esa información al pedírsela al Gobierno, que tendrá 30 días para responder y darla de manera clara, además de contar con plataformas para realizar consultas de forma fácil.
  • Participación Pública: aquí básicamente lo que se busca es que la ciudadanía tenga voz en la toma de decisiones de proyectos de desarrollo que afecten al medio ambiente y a la propia comunidad. Aquí se deberán crear mecanismos para que las comunidades indígenas puedan acceder sin tener problemas por el idioma, quienes además tendrán un valor importante en el proyecto.
  • Justicia en Asuntos Ambientales: este apartado se divide en dos. Por un lado, las personas podrán acudir a tribunales y a mecanismos para solucionar disputas si los dos puntos anteriores no se cumplen (participación y acceso a información), así como defenderse si están siendo afectados por proyectos de desarrollo. Y la otra parte, es la defensa de los líderes ambientales y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Finalmente, es importante entender que el Acuerdo menciona en sus artículo que las leyes de cada Estado no tienen que cambiar por su implementación, por lo que no tendría por qué haber intervención internacional de países o entidades ambientales para su cumplimiento, creación de nuevas leyes o cambios en la justicia.

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