¿Cuál es el futuro de las negociaciones de paz con la llegada de De la Espriella a la Presidencia?

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se instalaron nueve procesos de negociación y diálogo con organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, así como el más reciente proceso con Comuneros del Sur. Este último concluyó con un acto de desarme en el que fueron entregados únicamente un centenar de fusiles.

Sin embargo, los resultados de esta estrategia son objeto de un intenso debate. De acuerdo con las cifras oficiales, mientras avanzaban las conversaciones de paz, las principales estructuras armadas ilegales habrían incrementado significativamente su capacidad.

Se estima que pasaron de tener cerca de 8.700 integrantes en 2021, a aproximadamente 19.500 en 2026, un crecimiento cercano al 120%, lo que para distintos analistas refleja un fortalecimiento de estas organizaciones en medio de los procesos de diálogo.

¿Negociaciones de paz o sometimiento a la justicia?

Este panorama plantea uno de los principales desafíos para el gobierno entrante y el gran interrogante sobre si debe mantener la política de negociación con los grupos armados ilegales.

Analistas coinciden en que las negociaciones deben mantenerse, pero enfatizando en la protección a la sociedad civil, lineamientos para la disminución del reclutamiento de menores y políticas para erradicar los asesinaros de líderes sociales.

Sin embargo, de otro lado, quienes critican los acercamientos con los grupos armados sostienen que el único camino viable es un proceso de sometimiento, para beneficios condicionados a la entrega de información, bienes y otros activos por parte de quienes decidan acogerse a la justicia.

La estrategia ofensiva del nuevo gobierno

Por ahora, todo apunta a que la negociación no será el eje de la política de seguridad del nuevo gobierno, cuya hoja de ruta ha priorizado una ofensiva militar contra las organizaciones armadas ilegales.

En ese contexto, cobra fuerza el debate sobre el sometimiento a la justicia, una alternativa que expertos consideran más viable frente a estructuras que, durante los últimos cuatro años, no evidenciaron una voluntad efectiva para avanzar hacia una paz negociada.

Lo cierto es que el gobierno entrante recibirá un país donde la paz continúa siendo un objetivo inconcluso.

Entre la posibilidad de una nueva ofensiva militar, el fortalecimiento de los mecanismos de sometimiento a la justicia y el eventual cierre de los espacios de negociación permanece abierta la gran incógnita: ¿qué estrategia será realmente capaz de reducir la violencia que durante décadas ha golpeado a millones de colombianos?