Alertan irregularidades en millonario contrato para redes de acueducto y alcantarillado en Arauca

La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa un contrato de obra pública por $43.382 millones relacionado con el sector de agua potable y saneamiento básico en Arauca.

El contrato, identificado con el número 144 de 2026, fue suscrito con la sociedad MOPEN S.A.S. y está relacionado con el Convenio de Uso de Recursos 1481 de 2025, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Arauca y la empresa ejecutora.

En un documento fechado el 19 de octubre y conocido por Noticias RCN, la Procuraduría solicitó explicaciones y soportes documentales al alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, y al gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar.

¿Por qué están cuestionando el contrato?

Uno de los principales puntos que revisa el organismo de control tiene que ver con el tiempo destinado para la selección del contratista.

Según la queja recogida en el documento, el proceso tuvo un cronograma de apenas cuatro días hábiles entre la primera publicación y el cierre. Además, se contempló un día para presentar observaciones al proyecto de pliego y otro para formular comentarios al informe de evaluación, sin que se registraran audiencias de asignación de riesgos ni de adjudicación.

La Procuraduría también encontró diferencias entre algunas fechas consignadas en el cronograma y las registradas en la plataforma SECOP II, por lo que pidió explicaciones sobre la programación y el desarrollo de las etapas contractuales.

Otro dato que llamó la atención fue la participación registrada en el proceso: la plataforma reportó 16 visualizaciones y una sola propuesta, presentada por MOPEN S.A.S. por el valor de $43.382.943.309.

La entidad de control busca conocer por qué se adjudicó el contrato con una única oferta y solicita los documentos que permitan sustentar las decisiones adoptadas durante la selección.

Hay dudas sobre los requisitos exigidos a los proponentes

La revisión también se concentra en las condiciones de experiencia exigidas a las empresas interesadas en ejecutar la obra.

De acuerdo con el documento, el pliego tomó como referencia la matriz de experiencia de los documentos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico, pero incorporó ajustes relacionados con materiales de tubería, diámetros, cantidades mínimas de pozos de inspección y conexiones domiciliarias, entre otros requisitos.

La Procuraduría pidió justificar esas modificaciones y precisar quiénes participaron en su elaboración y aprobación.

El organismo también solicitó aclaraciones sobre el régimen jurídico aplicado al proceso y las razones por las cuales EMSERPA consideró que podía apartarse de los documentos tipo para esta contratación.

La situación jurídica de MOPEN S.A.S., otro punto de revisión

La Procuraduría también pidió verificar la situación jurídica de la compañía que obtuvo el contrato.

Según el documento, el registro mercantil consultado refleja la razón social MOPEN S.A.S. en liquidación, con una actualización del 25 de mayo de 2026. Además, el Registro Único de Proponentes registra que los efectos de una inscripción anterior cesaron el 9 de junio de 2025 y que se realizó una nueva inscripción el 14 de abril de 2026.

La entidad busca establecer cómo se verificó la situación de la sociedad antes de la adjudicación y la firma del contrato, teniendo en cuenta que el pliego exigía acreditar una duración societaria no inferior al plazo contractual y un año adicional.

Por esa razón, recomendó obtener un certificado histórico de existencia y representación legal ante la Cámara de Comercio de Casanare y, si se confirma que la sociedad se encuentra disuelta o en liquidación, evaluar las actuaciones que correspondan conforme a la ley y al contrato.