¿Qué significa desescalar las acciones militares para el proceso de paz?

Luego de varias semanas críticas en las que el proceso de paz con las Farc fue duramente cuestionado tanto por la opinión pública así como por sectores políticos y empresariales del país debido a los constantes ataques del grupo guerrillero y a la falta de avances claros en la mesa, ahora, pese a que las críticas permanecen, parece iniciarse una nueva etapa en la que se habla de acuerdos y la búsqueda de un eventual cese al fuego bilateral.

Después de que la guerrilla anunciara que a partir del próximo 20 de julio iniciará una tregua unilateral que podría extenderse hasta por cuatro meses, el Gobierno, a través del mismo presidente Juan Manuel Santos, hizo un anuncio que complementa la iniciativa de las Farc y que podría significar uno de los avances más claros del proceso en al menos un año.

Santos aseguró que a partir de ahora se acelerará la búsqueda de un cese al fuego bilateral y definitivo mediante el desescalamiento de las acciones militares y añadió que en cuatro meses se hará una evaluación para determinar si los diálogos continúan y bajo qué condiciones, lo que significa un cambio de metodología en el proceso de negociación y se convierte en una respuesta a las críticas que pedían que se empleara una estrategia nueva en La Habana.

Analistas del conflicto coinciden en que las determinaciones del Gobierno y las Farc sí implican que el proceso de paz reciba una bocanada de oxígeno necesaria para acallar las dudas y las críticas, pero son enfáticos en señalar que todavía es necesario que se logre un acuerdo en el tema de la justicia y que este sea alcanzado de manera efectiva y rápida, y añaden que sin eso no será posible la firma de la paz.

"En la mesa de diálogo se entendió que es necesario acelerar el proceso y de allí que vengan estas medidas nuevas. Lo que me parece es que se le da demasiada relevancia a este hecho cuando todavía queda pendiente el punto de la justicia transicional. Luego de las declaraciones de Santos, de la rueda de prensa de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo es claro que se busca destrabar lo que estaba trabado, pero eso no significa que se avance a la firma de una paz definitiva", dice el analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.

El experto en conflicto agrega que el cambio de metodología en los diálogos es producto de las negociaciones mismas y se muestra convencido de que el plazo de cuatro meses impuesto por Santos es un acuerdo con las Farc.

"Tanto Santos como (Iván) Márquez comprendieron que aunque existen dos realidades, una en Cuba en donde hablan en paz y negocian y otra en Colombia en la que la guerra sigue, una afecta a la otra innegablemente, pese a los esfuerzos por mantenerlas separadas. Por eso creo que estos plazos, que la búsqueda del desescalamiento fue acordada, porque no puede ir bien en Cuba y mal en Colombia".

Ávila agrega que por esas razones no comparte las posturas de algunos analistas de que Santos envió un ultimátum a la guerrilla y mucho menos que está planteando plazos para la firma de la paz.

"Santos no está usando un intermediario acá, está hablando a título personal y no lo haría de no tener un respaldo en La Habana. Eso me lleva a creer que es muy posible que se firme un acuerdo bilateral de cese al fuego incluso antes de que se logre un acuerdo, pero para eso es necesario que se planteen protocolos muy claros y que se determine la manera de verificar la suspensión de acciones militares de ambos bandos o no habrá avances", concluye Ávila.

El politólogo y docente universitario Juan Pablo Milanesse califica los hechos recientes como "una bocanada de oxígeno" necesaria para el proceso de paz y agrega que al hacer anuncios referentes a disminuir los hechos violentos en Colombia tanto Gobierno como Farc obtienen réditos políticos, aunque estos efectos benéficos no se entiendan igual en la opinión pública.

"El proceso necesitaba salir del sitio empantanado en el que estaba y se logra con esto. Se producen apoyos y hay respuesta a las críticas. Pero en el país hay una especie de inocencia generalizada en torno al proceso de paz y, sobre todo, la opinión pública interpreta estos hechos como que se está realmente cerca del final y espera que la guerrilla simplemente se rinda, pero lo cierto es que todavía hay mucho qué resolver. Un plazo de cuatro meses no es garantía de nada, lo que falta por resolver es bastante delicado".

Milanesse opina que las críticas que señalan que Santos y el Gobierno ponen sobre la mesa el debate del cese al fuego bilateral y definitivo como una estrategia política de cara a las elecciones regionales del 25 de octubre próximo son infundadas y cree que es normal que se generen este tipo de suspicacias.

"Es claro que la cercanía de las elecciones genera suspicacia, pero es lo mismo que pasó con las elecciones de marzo (Congreso) y mayo (Presidente). El calendario electoral no puede detener las negociaciones, estas deben seguir pese a que exista esa coyuntura", recalca el profesor universitario.

El analista considera que el Gobierno debe aprender a superar estas situaciones ya que enfrenta el doble compromiso de cumplir con sus deberes en la mesa de diálogo y mostrarse fuerte ante la opinión pública colombiana, mientras que la guerrilla no tiene ninguna responsabilidad política en Colombia, por lo que no tiene esa responsabilidad dual.

En este orden de ideas, Milanesse cree que es "arriesgado" comprometerse con plazos específicos, pero, al tiempo, cree que no había otra opción.

"Es arriesgado poner plazos porque hay una desconfianza que pone estas decisiones en el ojo del huracán. Si hay un rompimiento, la opinión pública castigará muy duro eso, lo mismo que si la guerrilla no cumple sus compromisos y eso afectará al Gobierno. Pero al tiempo, si no se hace también haría daño".

Por su parte, el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel sí considera que el desescalamiento de las acciones militares y la búsqueda de un cese bilateral y definitivo pueden conducir a una debacle en los diálogos y en la seguridad del país.

"El desescalonamiento ya lo vivimos, es un cese disfrazado que atenta contra la seguridad del pueblo y fortalece a las Farc, porque paraliza al Ejército mientras la guerrilla tiene libertad para seguir delinquiendo. El Gobierno mordió de nuevo el anzuelo, las Farc no van a cumplir", asevera.

Por otro lado, el director del Centro Democrático y excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, afirma que lo que el Gobierno llama desescalamiento no es otra cosa que el cese bilateral, que significa paralizar al Ejército con el riesgo de comprometer la labor constitucional de proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos.

Una posición que De la Calle refuta. "El desescalamiento no se puede confundir con el cese al fuego bilateral y definitivo, el desescalamiento lo que busca es bajar la intensidad y crear confianza entre las partes".

Por el momento, coinciden los expertos, resta esperar a que se inicie la tregua de las Farc y que exista una verificación válida que conduzca a que haya acciones de paz desde Colombia, igual que en La Habana, pero celebran que, al menos, haya un cambio en la metodología de negociación.

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