Radican demanda contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro
El escrito, además, solicita a la Corte Constitucional suspender de manera provisional los efectos del decreto.
Noticias RCN
12:26 p. m.
A la Corte Constitucional llegó el miércoles, 14 de enero, una demanda contra el decreto de emergencia económica presentado a finales del 2025 por el Gobierno Nacional, en un intento por revivir la reforma tributaria que se hundió en el Congreso.
El escrito fue presentado por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, argumentando que el Gobierno hace un uso indebido de las facultades excepcionales, frente a un problema previsible, sobre el que, él y otros senadores, estuvieron advirtiendo en el 2025.
“En la demanda advierto que desde el Congreso de la República alertamos durante todo 2025 sobre el deterioro de las finanzas públicas, la baja ejecución del presupuesto, la crisis de seguridad y orden público, y el menoscabo del sistema de salud, sin que el Gobierno adoptara correctivos oportunos. Pese a esas advertencias, hoy se pretende presentar como ‘emergencia’ una situación que fue diagnosticada, debatida y advertida públicamente desde el Legislativo y los órganos de control”, explicó.
Motoa insiste en que el Gobierno no puede seguir asfixiando con impuestos a los colombianos:
El decreto de emergencia económica, según Motoa, pretende “maquillar la ineficiencia administrativa” del Gobierno, alterando la “normalidad constitucional” y “asfixiando a los colombianos con más impuestos”.
El congresista pidió llamar a debate de control político a los ministros para que explicaran las razones por las que fue decretada la emergencia económica. Tenían plazo hasta el cinco de enero para dar respuesta a los cuestionarios, pero la mayoría lo habría incumplido y, en consecuencia, presentó la demanda que, además, realiza una solicitud de carácter inmediato a la Corte:
“Solicitamos a la Corte Constitucional la suspensión provisional de los efectos del decreto, al considerar que su aplicación puede generar daños institucionales irreversibles y debilitar el control democrático, mientras el alto tribunal decide de fondo sobre su constitucionalidad”.
El congresista sugiere que la crisis de salud es resultado de la “ineficiencia administrativa”:
De acuerdo con Motoa, mientras 4,84 billones de pesos estarían inmovilizados en fiducias sin ejecutar, siguen sin ser atendidas las denuncias en el Congreso por la deuda hospitalaria, la falta de recursos para las EPS y el ajuste de la UPC, que desatiende las recomendaciones de expertos.
“Todo esto demuestra que la crisis no es sobreviniente, sino estructural y previsible”, concluyó.