Proponen castigar con cárcel a quienes difundan por internet imágenes íntimas de sus parejas o exparejas

Fue radicado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que contempla prisión para quienes publiquen en redes sociales fotos o videos íntimos de sus parejas o exparejas. La iniciativa corrió por cuenta de las senadoras Clara López, Ana María Castañeda y la representante Ingrid Aguirre.

Esta ley de protección integral para las víctimas de violencia de género digital busca establecer medidas de sensibilización, protección, prevención y reparación para garantizar los derechos a la dignidad y la intimidad de quienes padezcan esta problemática.

El objetivo principal del proyecto es el de penalizar las conductas que constituyan cualquier tipo de violencia de género digital, lo cual se manifiesta a través del uso indebido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

¿Podrían ir a prisión quienes difundan fotos íntimas ajenas?

Lo que establece la ley es que se dicten sanciones de entre 16 y 54 meses de prisión, así como multas de 13,3 a 1.500 salarios mínimos para quienes difundan o compartan por internet fotos íntimas de sus parejas o exparejas.

También se abre la puerta a la implementación de medidas de protección para las víctimas, como las órdenes de restricción.

Las autoras del texto buscan proponer un marco normativo para sancionar a los agresores y ofrecer espacios seguros a las víctimas, abriendo los canales necesarios para que puedan presentar de forma fácil y confidencial sus denuncias.

Los puntos clave del proyecto

Aunque el proyecto apenas fue radicado y le queda un largo camino en el Congreso antes de su aprobación, se sabe que uno de los puntos clave está centrado en la creación de estrategias para sensibilizar sobre el uso responsable de las TIC en ámbitos educativos, laborales y de salud.

Además, incluye una Ruta Única de Atención para las víctimas de violencia de género digital, compuesta por servicios de asesoría, apoyo psicológico y legal.

Uno de los numerales más importantes tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo audiencias cerradas en los casos de violencia digital para proteger la identidad de las víctimas.

La ley ordenaría al Estado actuar de forma articulada a través de la Fiscalía y los ministerios del Interior, TIC, Educación e Igualdad, para implementar todos los mecanismos necesarios para contrarrestar esta modalidad de violencia de género.