Reclutar o utilizar menores en delitos tendría penas más altas: esto establece la nueva ley

La Cámara de Representantes aprobó una iniciativa legislativa que busca fortalecer la lucha contra el reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad por parte de grupos criminales. El proyecto, que ya completó sus cuatro debates en el Congreso, plantea un aumento significativo de las penas para quienes incurran en estas conductas y ahora avanza hacia la etapa de sanción presidencial.

La senadora Lorena Ríos, coordinadora de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia, explicó que la propuesta busca responder a vacíos identificados durante el seguimiento realizado por el Congreso a esta problemática. Según indicó, el objetivo es que las sanciones reflejen la gravedad de un delito que afecta directamente el proyecto de vida de miles de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

¿Cómo cambian las penas por reclutamiento de menores en Colombia?

De acuerdo con la iniciativa, el delito de reclutamiento ilícito de menores, contemplado en el artículo 162 del Código Penal, pasaría de una pena máxima actual de 156 meses, equivalentes a 13 años, a un esquema que establece condenas entre 40 y 50 años de prisión.

Durante la discusión del proyecto también se expusieron cifras sobre la magnitud del problema. Según lo señalado por la congresista, los registros de los últimos 20 años muestran un promedio de 22.000 menores víctimas de reclutamiento forzado, mientras que los subregistros podrían incrementar esa cifra en cerca de un 25 %.

¿Qué contempla la ley para evitar el uso de menores en delitos?

La iniciativa también modifica las sanciones para quienes instrumentalicen menores de edad en actividades delictivas. Actualmente, el artículo 188D del Código Penal establece penas entre 10 y 20 años de prisión. Con el proyecto, la pena mínima aumentaría hasta 27 años cuando existan agravantes, mientras que la máxima subiría a 30 años y podría alcanzar hasta 45 años en los casos más graves.

Otro de los componentes de la propuesta es la articulación institucional para prevenir el reclutamiento y la captación de menores. La ley contempla acciones coordinadas entre el Ministerio TIC, la Fiscalía y el ICBF para detectar, reportar, bloquear y eliminar perfiles, cuentas y contenidos digitales que puedan ser utilizados para reclutar niños y adolescentes a través de redes sociales y otras plataformas.

Además, se prevé la creación de un Observatorio Nacional de Reclutamiento, que será coordinado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Esta instancia tendrá la tarea de consolidar información proveniente de entidades como la Fiscalía, la Defensoría, el ICBF, la Policía y el Ministerio del Interior, con el fin de monitorear la situación en tiempo real y facilitar la adopción de medidas para reducir este delito.