¿Cuáles son las implicaciones del decreto que regula el uso de la fuerza en las manifestaciones?
El decreto entró a regir desde el 7 de octubre. Establece que hay ocasiones en los que los policías no pueden usar armas letales en la defensa de ciertos bienes jurídicos y materiales.
El Gobierno Nacional emitió un nuevo decreto que establece lineamientos estrictos sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. El articulado, que entró en vigencia el 7 de octubre, introduce limitaciones claras al uso de armas de fuego y regula el empleo de armas menos letales.
Según lo establecido en el documento, la utilización de la fuerza letal solo será permitida en situaciones que impliquen un riesgo directo para la vida. En contextos donde se protejan bienes materiales o jurídicos de menor valor, las medidas letales quedarán prohibidas.
¿Qué significa para los manifestantes el nuevo decreto de regulación del uso de la fuerza durante las protestas?
Diana Otavo, la secretaria de Derechos Humanos y paz del Polo Democrático, aseguró que este nuevo decreto es una victoria para un movimiento social que buscaba el uso proporcional de la fuerza en medio de las manifestaciones y el respeto por la vida e integridad de las personas que se manifiestan.
“Además constituye un avance para la fuerza pública en cuestión de derechos humanos. Yo saludé el decreto y espero que se pueda aplicar y profundizar en el derecho ciudadano a la protesta pacífica”, aseguró Otavo.
Juana Afanador señala que este nuevo decreto surge del antes y el después para la manifestación pública que surgió tras el asesinato de Dylan Cruz durante una manifestación. La panelista considera que esto puede ser una manera de garantizar la seguridad para los manifestantes, independientemente de la posición política en la que se encuentren.
“En las marchas y protestas pacíficas que pueden salir las familias, que pueden ser de la derecha, del centro, de la izquierda o del movimiento social, a manifestarse en plena seguridad y tranquilidad”, aseguró Afanador.
Los retos del decreto que regula el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales
Julio César Iglesias considera que el decreto debía hacer un difícil balance de dos objetivos: por un lado garantizar que la fuerza pública respete los derechos de los manifestantes y permitir que los uniformados tengan las herramientas para defenderse y protegerse en situaciones que pueden ser violentas.
Además, el panelista señala que desde un escritorio es fácil definir las situaciones como letales y no letales, panorama distinto para los uniformados que se encuentran en terreno y que, en muchas ocasiones, deben actuar bajo estrés y presión.
“Debe haber un marco legal donde estas situaciones estén reguladas, pero corremos el grave riesgo de pasarnos al lado contrario y es quitarle toda la seguridad jurídica a los policías y que tengamos una fuerza pública que no puede actuar en situaciones críticas”, aseguró Iglesias.
Otavo señala que esto no desprotege a los policías, sino que regula los protocolos como deben actuar.
“¿Estas personas están en capacidad de asesinar al policía? Esa es la pregunta y si la respuesta es sí, el policía puede responder proporcionalmente”, asegura Otavo.