¿Por qué quedan libres los delincuentes reincidentes en Colombia? Las dudas que deja la justicia

En Colombia, una persona muere de manera violenta cada 38 minutos. Esta cifra pone sobre la mesa el debate alrededor de la reincidencia criminal, las decisiones judiciales y las medidas que terminan dejando en libertad a personas señaladas de cometer delitos graves como homicidio, hurto o feminicidio.

Uno de los casos que refleja esta discusión es el asesinato de Jean Claude Bossart, ocurrido en diciembre del año pasado durante un robo de celular a plena luz del día.

Los presuntos agresores, entre ellos un menor de edad, ya tenían antecedentes. La situación ha generado cuestionamientos entre las víctimas y sus familias sobre por qué personas vinculadas previamente con delitos vuelven a quedar en libertad.

Wilson Ruiz, exministro de Justicia, explicó que en Colombia las personas “se juzgan por lo que hicieron en ese caso concreto, no por sus antecedentes”. Según señaló, utilizar el historial judicial para justificar una detención sería inconstitucional.

¿Por qué los reincidentes quedan libres en Colombia?

La controversia aumentó después de que la Corte Constitucional eliminara en diciembre del año pasado la causal de reincidencia. La decisión se sustentó en que un ciudadano no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Sin embargo, el debate continúa debido a los casos de personas que vuelven a delinquir tras recuperar su libertad.

Datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) muestran que la reincidencia casi se ha duplicado en los últimos diez años. Entre los delitos con mayor número de reincidentes aparecen el hurto con 121.975 casos, la fabricación, tráfico y porte ilegal de armas con 78.499, el homicidio con 61.233 y el concierto para delinquir con 48.760.

El abogado penalista Julián Quintana aseguró que existen fallas en los mecanismos de vigilancia. Según explicó, algunas personas con brazaletes electrónicos, medidas de aseguramiento o libertades condicionales terminan cometiendo nuevos delitos debido a la falta de seguimiento riguroso por parte del sistema penitenciario.

¿Qué dicen las víctimas sobre las decisiones judiciales?

Las críticas también apuntan a decisiones judiciales que terminan otorgando libertad o medida domiciliaria a procesados por delitos graves. Uno de los casos mencionados en el informe es el del presunto feminicida de Laura Valentina Lozano, quien quedó en libertad en febrero luego de que un juez considerara que no existían pruebas suficientes para demostrar que representaba un peligro para la comunidad.

La madre de la víctima cuestionó públicamente la decisión y preguntó si alguien habría dejado libre “al asesino de su hija”. El caso reactivó el debate sobre la valoración del riesgo para las víctimas y la protección de la comunidad frente a personas procesadas por delitos violentos.

Para otros expertos, el problema también está relacionado con las limitaciones de la Fiscalía General de la Nación. El abogado penalista Francisco Bernate aseguró que la falta de fiscales, investigadores y herramientas tecnológicas dificulta sustentar ante los jueces que una persona capturada representa un peligro para la sociedad.

Bernate señaló que, en muchos casos, las argumentaciones terminan siendo débiles durante las audiencias de legalización de captura, lo que obliga a los jueces a conceder libertades. Mientras tanto, víctimas de delitos como hurto, homicidio y feminicidio aseguran que viven con temor de encontrarse nuevamente con sus agresores en las calles.