¿Qué sanciones enfrentaría Gustavo Petro si se confirma financiación irregular en su campaña?
El CNE finalmente abrió investigación formal al presidente Gustavo Petro, por la presunta violación de topes de financiación en las elecciones de 2022.
Noticias RCN
04:18 p. m.
Este martes 8 de octubre, se definió con siete votos a favor y dos en contra, la apertura de la investigación formal por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
La denuncia se centra en la violación de los límites establecidos por la ley para la financiación de campañas políticas, con un exceso de más de 5.300 millones de pesos en recursos no reportados.
Aunque el proceso no impacta directamente la presidencia de Petro, las consecuencias podrían repercutir en su movimiento político, Colombia Humana, que enfrenta la posible pérdida de su personería jurídica.
¿De qué está siendo acusado el presidente Gustavo Petro?
El 2022 marcó un momento histórico en la política con la elección de Gustavo Petro como presidente, un hecho que también trajo consigo una serie de cuestionamientos sobre la legalidad de los recursos utilizados para financiar su campaña.
Tras meses de investigaciones preliminares, en mayo de 2024 los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron un informe ante el CNE donde se detallaban múltiples irregularidades financieras cometidas durante las dos vueltas electorales.
La principal acusación radica en la violación de los topes de financiación electoral. Según la normativa vigente, las campañas presidenciales en Colombia tienen un límite legal para la cantidad de dinero que pueden gastar en las elecciones.
Sin embargo, la investigación del CNE apunta a que la campaña de Petro superó estos límites tanto en la primera como en la segunda vuelta, con un exceso total que asciende a más de 5.300 millones de pesos.
En la primera vuelta, el informe señala que la campaña de Petro no reportó más de 3.700 millones de pesos. Estos recursos incluyen contribuciones clave que no fueron debidamente registradas en los informes oficiales de ingresos y gastos.
Y, en la segunda vuelta, las irregularidades financieras continuaron, identificando la omisión de un reporte de cerca de 1.600 millones de pesos provenientes de un contrato con la empresa de aviación SADI, que proporcionó servicios de fletamento de aeronaves durante la recta final de la contienda electoral.
¿Qué sanciones enfrentaría Gustavo Petro si se confirma financiación irregular en su campaña?
Estas omisiones y alteraciones constituyen violaciones graves a las normas de financiación de campañas electorales en Colombia.
La Ley 1864 de 2017, que regula la financiación de las campañas políticas, establece sanciones severas para quienes permitan o participen en la obtención de recursos prohibidos o no reportados.
El artículo 396 A de esta ley especifica que el gerente de la campaña, en este caso Ricardo Roa, podría enfrentar una pena de cárcel de entre cuatro y ocho años, además de una multa que oscila entre los 464 millones y 1.392 millones de pesos, dependiendo de la magnitud de la infracción.
Asimismo, el gerente de campaña podría ser inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo que dure la pena de prisión; pero no solo Roa estaría en la mira de las autoridades judiciales.
La ley también establece que el propio candidato, Gustavo Petro, podría enfrentar las mismas sanciones, ya que se trata de una elección uninominal, es decir, una elección en la que se elige a una sola persona para un cargo específico.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, el CNE ha sido enfático en aclarar que las sanciones que podrían imponerse a Petro no afectarían su actual mandato como presidente de Colombia, pues la máxima sanción administrativa que el CNE podría imponer directamente al presidente sería la devolución de los dineros recibidos por concepto de reposición de votos.
Esta devolución podría representar un golpe económico importante para el movimiento Colombia Humana, pero no tendría implicaciones directas sobre la figura presidencial.
Por otro lado, la personería jurídica de Colombia Humana, el partido político de Petro, sí podría verse gravemente afectada, ya que de confirmarse las irregularidades, el CNE podría decidir la cancelación de la personería jurídica del movimiento, lo que implicaría la pérdida de derechos políticos fundamentales, como la participación en futuras elecciones y el acceso a financiación estatal.
Sin embargo, esta sanción tampoco tendría efectos sobre el cargo presidencial de Petro, que continuaría ejerciendo su mandato hasta el final del periodo.
El proceso de investigación ya ha comenzado, y en los próximos meses se determinará si efectivamente la campaña presidencial de 2022 violó las normas de financiación electoral.