¿Sandra Ortiz irá a la cárcel? Audiencia definirá futuro de la exconsejera presidencial

La justicia colombiana se encuentra en una encrucijada con el caso que involucra a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, vinculada a un entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia allanó la oficina del Ministerio de Hacienda, cumpliendo con las indagaciones pertinentes que pueden definir el camino judicial de Ortiz.

Mientras tanto, una audiencia clave que se desarrolla en los juzgados de Paloquemao determinará su posible ingreso a prisión preventiva.

Lo que la Corte Suprema descubrió en los allanamientos en el Ministerio de Hacienda

El allanamiento, que la Corte llama inspección, se llevó a cabo en la oficina y vivienda de Andrea Ramírez, exasesora del anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Según el magistrado Misael Rodríguez, quien lidera la investigación, se buscaban evidencias relacionadas con las supuestas actividades ilegales de seis congresistas.

Cabe mencionar que Ramírez es señalada como un posible puente entre el Ministerio y el Congreso en el caso de sobornos.

A pesar de estas acciones, el Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado, aclaró que está dispuesto a colaborar con el proceso judicial.

Los allanamientos sugieren un esfuerzo por parte de la justicia para conseguir documentos y equipos electrónicos cruciales en el caso.

¿Cuál es el futuro de Sandra Ortiz?

Por otro lado, en los tribunales, Sandra Ortiz enfrenta una solicitud de la Fiscalía para una medida de aseguramiento intramural.

Esta petición, respaldada por la Procuraduría y las víctimas, se basa en evidencia clave proveniente de un video que muestra encuentros con Olmedo López en la Casa de Nariño, donde presuntamente se pactaron sobornos por valor de 3.000 millones de pesos a favor de Iván Name.

Ortiz, investigada por su papel como intermediaria en el direccionamiento de contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo, clama su inocencia.

Sin embargo, la Fiscalía advierte que, dada la gravedad de los hechos y su posible injerencia en la recolección de pruebas, es necesaria una medida de aseguramiento para garantizar un proceso justo.

La Procuraduría General de la Nación denuncia además la desaparición de 69 cajas de documentos, dificultando la investigación de irregularidades asociadas al decreto 2113.

El desenlace de esta audiencia es crucial. Será la justicia quien determine, finalmente, si Sandra Ortiz deberá enfrentar el proceso privado de libertad, en un caso que pone una vez más el foco en los desafíos que enfrenta el sistema judicial colombiano frente a la corrupción en altos cargos.