Seis testigos vinculan al gobernador de Cundinamarca con el 'carrusel' de contratos

Antes de ser gobernador de Cundinamarca, el nombre de Álvaro Cruz figuró como parte de una unión temporal de la que hacía parte la empresa ICM Ingenieros, de la que fue su representante legal.

A finales del año 2009 dicha empresa salió favorecida con la adjudicación de un contrato, cuyo objeto era el de suministrar emulsiones y asfalticos para el mantenimiento de la malla vial de la capital del país.

Inicialmente fueron 15.700 millones de pesos que, con tres adiciones en tres meses, se convirtió en un contrato de más de 24.000 millones de pesos.

Lo que la Fiscalía supo meses después, y cuando Álvaro Cruz ya era gobernador de Cundinamarca, es que  la empresa ICM Ingenieros supuestamente fue una de las beneficiarias del carrusel de contratos de Bogotá, pues habría recibido la adjudicación gracias a las recomendaciones de los principales protagonistas de este escándalo de corrupción: Julio Gómez, Emilio Tapia, Manuel Sánchez, y los concejales Hipólito Moreno, Andres Camacho y Orlando Parada, entre otros.

Varios de ellos ya aceptaron ante los fiscales que recibieron una comisión del cinco por ciento por haber arreglado las cosas para que la empresa del gobernador Cruz se ganara los contratos.